La ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, ratificó el lunes último que los municipios son los competentes para resolver el tema de las tarifas del transporte público.
Hasta ese día, el escenario parecería claro, pero en realidad es mucho más complejo, por las contradicciones o la poca claridad de las disposiciones. Las normas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen que los municipios tienen la tarea exclusiva de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
También, en la resolución 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, en el numeral 7, se dice que al Gobierno central le toca determinar la estructura de las tarifas de los servicios de transporte terrestre. En cambio, en el artículo 17 de esa misma norma, determina que la regulación de la fijación de tarifas de los servicio de transporte terrestre en sus diferentes modalidades de servicio.
El enredo no es solo normativo y jurídico. Los alcaldes se enfrentan a una encrucijada que han armado los choferes: el incremento de los pasajes y los subsidios que han recibido del Gobierno desde el 2012, a cambio de no subir las tarifas.
El planteamiento de los dirigentes gremiales -más de 130 acudieron el lunes a Carondelet- es que quieren las dos cosas.
¿Cómo van hacer los alcaldes para negociar esas aspiraciones sin ceder a las presiones de movilizaciones o subir los pasajes?
El Gobierno entregó el año pasado USD 22,5 millones en subsidios al transporte urbano y para este año se calculan cerca de 50 millones.
La mayoría de los municipios no tiene esos recursos ni siquiera en su presupuesto, menos lo tendrían para dar subvenciones a los choferes.
¿Quién desenmaraña este enredo? Posiblemente el mismo Gobierno que expidió la normativa y creó el programa de subsidios, no solo en asignaciones, sino también en programas de incentivos.