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En busca de reparación por médicos fallecidos por covid

Ederita Gavica es esposa del doctor Félix Acuña, quien murió el 19 de enero del 2021. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

“Nos lo devolvieron en una funda plástica y no pudimos velarlo”. Con esas palabras se deja vencer por el llanto Ederita Gavica, de 65 años, esposa de uno de los médicos fallecidos en Guayaquil por el covid-19.

Félix Acuña murió en enero pasado, en la segunda ola de contagios. “El dinero no lo va a resucitar, pero él era el sostén de la casa y es un héroe”.

Él trabajó desde el 2007 como médico general de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud en Guayaquil. Hacía parte de las brigadas de control de viajeros en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, cuando enfermó con síntomas respiratorios a inicios de este año.

Padecía de diabetes y fue internado con dificultades para respirar el 14 enero en el hospital Teodoro Maldonado, donde fue intubado. Murió cuatro días después, el 18 de enero, por una “neumonía viral” e “insuficiencia respiratoria” relacionada con el covid-19, según su certificado de defunción.

El doctor Acuña es uno de los 173 profesionales de la salud que falleció a causa del covid-19, según el Colegio de Médicos de la provincia, que lidera el reclamo por una reparación para los familiares.

El Colegio pide al Estado el pago de una indemnización de USD 500 000 por cada uno de los servidores de primera línea que murieron a causa del virus en el sector público, entre médicos, enfermeros, obstetras

La Federación Médica Ecuatoriana aún no ha iniciado reclamos, pero registra 545 médicos fallecidos en el país.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación, pide sentar las bases de una política para un reconocimiento económico por sector, para el personal de salud del sector público y privado, que no solo tenga en cuenta a las víctimas registradas a la fecha, sino a las futuras.

“El Estado tiene que responsabilizarse por estas muertes, por el manejo nefasto, corrupto y visceral de la pandemia”.

Grace López describe como un calvario lo que vivió con su madre, Martha Sevillán, obstetriz que falleció contagiada el 27 de marzo de 2020, cuando era servidora del Centro de Salud Camino al Sol del Ministerio en el sur de Guayaquil.

Sevillán, de 62 años, estuvo cuatro días hospitalizada en el Teodoro Maldonado, desbordado de pacientes -cuenta su hija- y le dieron de alta en peores condiciones de las que ingresó. Cuando fueron a recogerla, en el sistema no aparecía ingresada y pasaron una tarde completa buscándola en el hospital, hasta dar con ella.

Fue dada de alta un jueves 26 de marzo del 2020 y a la mañana siguiente se puso morada y su respiración quedó en un hilo, cuentan sus deudos. La bajaron de su habitación envuelta en una sábana y en el carro su hija menor tuvo que darle reanimación cardiopulmonar.

Cuando volvieron a emergencia del hospital aún tenía signos vitales. “Nos dijeron que dejemos que falleciera para recibirla y tramitar los papeles. Mi hermana le dio respiración hasta que falleció en las puertas de emergencia”, recuerda López.

“No le dieron los implementos de bioseguridad en el Centro de Salud, ella adquirió por su cuenta, pero también había desabastecimiento y la obligaron a ir a trabajar, a pesar de que ella hacía parte del grupo vulnerable, era hipertensa y diabética”, indica su hija.

Como registró fiebre alta y tos la enviaron a descansar tres días a casa y luego la hicieron volver al trabajo antes de que se agravara, denuncia su hija.

El presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio, informa que el frente de asesores jurídicos de la institución fijó el monto de indemnización en USD 500 000 por cada uno de los profesionales de salud de primera línea, fallecidos en Guayas.

El pasado 31 de agosto se realizó en Guayaquil una primera audiencia de mediación con un delegado del Ministerio de Salud, reunión a la que faltó la Procuraduría General. Ahora esperan que el Procurador del Estado fije una fecha para una reunión en Quito.

“Tenemos que escuchar a la contraparte antes de pensar en una demanda, conformar una mesa técnica de conversación para establecer pautas y encontrar un acuerdo en la compensación”, explica Tenorio.

Xavier Garaicoa, exprocurador del Estado, dice que una indemnización es factible si se comprueba negligencia o dolo.

“La negligencia es no tomar las medidas mínimas de protección, mucho más en un ámbito sanitario. Pero eso implicaría que se califique el nivel de daño y de la negligencia del empleador, en este caso el Ministerio o el Estado”.

Dice que cabe el derecho de repetición, para señalar más allá de la posible responsabilidad del Estado, la de las personas que estaban a cargo, para que respondan por el daño.

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