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El 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, en un contexto donde el país ya cuenta con reglas definidas sobre esta práctica. En medio de esa discusión, dos conceptos vuelven al centro del debate público: eutanasia y suicidio asistido, términos que suelen confundirse pero que implican diferencias clave en lo médico y en lo legal en Ecuador.
La eutanasia implica una intervención directa de un profesional de la salud para poner fin a la vida de una persona. Se trata de un acto deliberado que busca evitar o terminar con un sufrimiento intenso causado por una enfermedad grave e incurable o una condición irreversible.
En términos médicos, la eutanasia activa se concreta cuando el médico administra una sustancia en dosis letales o realiza un procedimiento que provoca la muerte. Este punto es clave: la acción final no la ejecuta el paciente, sino el profesional de la salud.
El concepto gira alrededor de tres elementos esenciales: la existencia de un sufrimiento significativo, la condición médica grave o irreversible y el consentimiento libre e informado de la persona, cuando puede expresarlo.
El suicidio asistido también implica la decisión de una persona de poner fin a su vida en un contexto de enfermedad o sufrimiento, pero el rol del tercero es distinto.
En este caso, el paciente realiza por sí mismo el acto que causa su muerte, aunque puede recibir ayuda externa para acceder a los medios o la información necesaria. La intervención no consiste en ejecutar el procedimiento, sino en facilitarlo.
https://t.co/EM9tccPS50 Noelia Castillo, joven española, conmueve al revelar que accederá a la eutanasia pic.twitter.com/d5ovwwqAtQ
— El Comercio (@elcomerciocom) March 25, 2026
La diferencia es operativa y jurídica: en la eutanasia, el médico actúa directamente; en el suicidio asistido, el paciente mantiene el control total sobre el acto final.
La línea que separa ambos conceptos se concentra en la autoría del acto final.
En la eutanasia, la muerte ocurre por una acción directa de un profesional de la salud. En el suicidio asistido, la muerte ocurre por una acción directa del propio paciente.
Esa diferencia determina cómo se regulan estas prácticas en los sistemas jurídicos, ya que implica responsabilidades distintas y niveles de intervención diferentes por parte del personal médico.
En Ecuador, la Corte Constitucional emitió la sentencia 67-23-IN/24 el 5 de febrero de 2024. En esa decisión estableció que no se sancionará al médico que practique eutanasia activa cuando exista una solicitud libre, informada e inequívoca de una persona que sufre una enfermedad grave e incurable o una lesión irreversible que le provoca sufrimiento intenso.
El fallo también contempló la posibilidad de representación en los casos en los que la persona no pueda expresar su voluntad.
A partir de esa decisión, el Ministerio de Salud Pública emitió un reglamento el 12 de abril de 2024 que fija el procedimiento para aplicar la eutanasia activa en el sistema de salud.
La normativa establece requisitos clínicos y legales. Entre ellos constan un diagnóstico definitivo, la verificación del consentimiento y la revisión de un comité interdisciplinario que evalúa cada caso antes de emitir una resolución.
El marco vigente en Ecuador se centra en la eutanasia activa bajo condiciones específicas.
No existe una norma que establezca el suicidio asistido como un procedimiento médico regulado. Además, el Código Orgánico Integral Penal sanciona la instigación al suicidio, lo que refleja que el ordenamiento jurídico mantiene un tratamiento distinto frente a este tipo de conductas.
El tema no está cerrado en el país. La Asamblea Nacional inició el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia en primer debate el 24 de marzo de 2026.
Ese proceso legislativo busca desarrollar un marco legal más amplio, pero el punto de partida actual sigue siendo la sentencia de la Corte Constitucional y el reglamento del Ministerio de Salud.
Información extra: Eutanasia
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