
La Contraloría General del Estado ratificó responsabilidades civiles por $11.6 millones contra 68 servidores de 13 hospitales que forman parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Esta medida se decretó mediante resolución del 21 de mayo de 2026, sustentada en un examen especial realizado por el organismo de control en 2023.
El examen revisó y analizó contratos relacionados con las adquisiciones de dispositivos médicos y medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Los documentos auditados corresponden a los periodos entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.
En el informe, aprobado en diciembre de 2023, se encontraron diferencias significativas en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los existentes en las bodegas general y de farmacia de los hospitales del MSP.
La Contraloría mencionó: “No se mantuvo un control riguroso de los ingresos y egresos en las mencionadas bodegas, sin verificar la distribución, destino y uso de fármacos, que ascendería a más de USD 11 millones”.
El informe también reveló otros hallazgos preocupantes. Por ejemplo, se adquirieron 100 unidades de Rituximab líquido parental por emergencia sin cumplir con las causales legales. Además, el medicamento Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
La Contraloría detectó que no se verificaba que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción. Esto impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados.
Esta situación afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia.
Otras inconsistencias que revelan los contratos incluyen que tras la terminación de uno de ellos, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el Sercop. Asimismo, no se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento ni se presentó la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.
De esta forma, la Contraloría ratificó las responsabilidades para servidores de los siguientes hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud Pública:
Informe extra: Contraloría General del Estado.