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La intervención de la Fiscalía a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de este 30 de enero del 2026, en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada, provocó la suspensión de varios servicios considerados esenciales.
El sector automotor expresó su respaldo a la lucha contra la corrupción, pero advirtió sobre los efectos inmediatos en los usuarios y la seguridad vial por el cierre de las oficinas y servicios de la ANT.
La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) apoyó las acciones del Estado para investigar y sancionar actos irregulares dentro de la ANT. Sin embargo, señaló que el cierre de la entidad paraliza procesos clave y afecta derechos de los ciudadanos, operadores económicos y controles del parque automotor.
Según Aeade, la suspensión de actividades impacta directamente en los siguientes trámites nacionales:
La paralización de estos procesos genera demoras en los procesos normales de matriculación y retrasos en la entrega de vehículos nuevos, pese a que los compradores ya cumplieron con requisitos técnicos, contractuales y tributarios, señaló la Aeade.
El gremio respaldó la lucha contra la corrupción, pero advirtió que no deben paralizar las funciones del Estado. Pidió garantizar la operatividad de la ANT con mecanismos de emergencia y reformas que fortalezcan la trazabilidad, la seguridad jurídica y la eficiencia del registro vehicular.
Asimismo, tras la intervención a la ANT, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se mantiene a la espera de un pronunciamiento oficial sobre la operatividad del sistema AXIS 4.0, indispensable para varios trámites.
La AMT recordó que, según el cronograma, la matriculación vehicular debe iniciar en febrero con los autos cuyas placas terminan en 1. No obstante, cualquier modificación de la calendarización dependerá de la decisión que adopte la ANT. De existir una postergación, se informará por canales oficiales y se evaluará la eliminación de multas.
La entidad aclaró que los trámites relacionados con licencias de conducir no son de su competencia; sin embargo, otros procesos de tránsito y matriculación sí registrarán afectaciones.
Mientras persista la suspensión, estos servicios municipales permanecen afectados:
La Fiscalía ejecutó 23 allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a funcionarios de la ANT en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. Durante los operativos, se incautaron celulares, documentos, dispositivos digitales, licencias de conducir, joyas y dinero en efectivo.
Hasta el momento, más de nueve funcionarios, incluido el director de la ANT, fueron detenidos y enfrentan una investigación por presunta delincuencia organizada dentro del denominado Caso Jaque, iniciado en julio de 2025.
Aeade exhortó a las autoridades a garantizar mecanismos de emergencia que permitan restablecer los servicios críticos de la ANT, sin afectar las investigaciones en curso.
Información externa: Aeade
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