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Conflicto en Chillanes, en Bolívar, por el agua del río Dulcepamba

Los habitantes de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, marcharon para pedir una investigación sobre el daño al río. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Con carteles y altavoces, agricultores de 140 comunidades del cantón Chillanes protestaron contra el Proyecto Hidroeléctrico Hidrotambo.

Los comuneros denunciaron la captación de agua hecha fuera del calendario autorizado por el Ministerio del Ambiente. Según ellos, esto generó una reducción del caudal del río Dulcepamba y, supuestamente, causó el taponamiento y aluvión en el 2015 por alterar el curso natural del río.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad San Pablo de Amalí, lideró el viernes pasado un recorrido en el que participaron cinco asambleístas de la bancada de Pachakutik, entre ellos Fernando Cabascango, presidente de la comisión de derechos humanos y colectivos. Al evento también acudieron activistas de diferentes organizaciones sociales.

Según Trujillo, la hidroeléctrica empezó a trabajar en el 2014. “Durante dos meses acumularon material en el río, construyeron muros de piedra, cambiaron el cauce y lo volvieron más angosto para levantar su infraestructura”.
También relató que en el 2015, cuando las lluvias se incrementaron, el río creció y durante 22 minutos se taponó la zona donde la hidroeléctrica intervino. Tras el estancamiento se produjo un aluvión, murieron tres personas, arrasó seis viviendas y destruyó 60 hectáreas de terreno.

Los directivos de Hidrotambo dicen que nunca intervinieron el afluente. “La crecida del río ese año causó muchas afectaciones aguas arriba de las instalaciones de la hidroeléctrica, es descabellado pensar que fue culpa de la empresa”, dijo el gerente Franklin Pico.

Señaló que la empresa ha enfrentado más de 60 denuncias administrativas y judiciales que han sido favorables al proyecto, debido a que nunca se comprobó contaminación del agua, del suelo o perjuicio a la biodiversidad del afluente.

“El agua vuelve al río en la misma cantidad y calidad. Nosotros generamos energía limpia y renovable; además, promovemos campañas de reforestación y cuidado ambiental en la parroquia. Damos trabajo a la gente”, indicó Pico.

Emily Conrad, especialista en impacto ambiental, afirma que Hidrotambo construyó su proyecto de forma antitécnica, debido a que eliminaron la llanura fluvial y dejaron partes de la comunidad expuestas a la erosión y al socavamiento por la acción del agua.

“El enrocado que funciona como azud (barrera, ndlr.) de derivación no tiene estructura vertedora; eso crea un vertido caótico ante crecientes que pasan por encima del azud”, dice.

Según ella, con una nueva creciente del río en la temporada lluviosa podría generarse un nuevo taponamiento; además, agravaría el proceso de erosión en la comunidad.

Ahora, lo que más preocupa a los habitantes es el supuesto acaparamiento de agua de la empresa, que ha generado escasez para el riego de cacao, plátano y naranja. En la época seca, el caudal disminuye de
2 000 litros por segundo a 300, por eso el Ministerio del Ambiente dispuso que la empresa no operara entre agosto y noviembre; sin embargo, esa disposición no se cumplió.

En un tramo del río Dulcepamba, Hidrotambo construyó un muro de piedra para llevar casi toda el agua a su infraestructura y así sus turbinas pudiesen operar. El canal reservado para el caudal ecológico está cerrado y los agricultores dicen que no pueden abastecerse de agua por la escasez.

La empresa afirma que la resolución de la entonces Secretaría del Agua fue derogada cuando se fusionó con el Ministerio del Ambiente. “Quitarle a una empresa el recurso básico para su operación es terrible. Las industrias de Bolívar y Los Ríos que se abastecen de nuestro servicio requieren nuestra energía para trabajar”, dijo el abogado de Hidrotambo, Eduardo González.

Moisés Mina, dirigente de la comunidad San Vicente y parte del Frente de Defensa del Río Dulcepamba, manifestó que la falta de agua ha perjudicado a la producción agrícola.

“El agua se utiliza para el abrevadero de animales, para el consumo familiar y para el regadío. El caudal siempre es bajo en la época seca, pero aun así era suficiente para abastecernos; desde que opera la hidroeléctrica, ya casi no tenemos agua”, reclamó Mina.

“Nuestro pedido ahora es que se respete el decreto del Ministerio del Ambiente y que la hidroeléctrica deje de operar fuera del calendario permitido”, manifestó Trujillo.

Los asambleístas que participaron en el recorrido se comprometieron a fiscalizar la operación de la empresa.
“Haremos respetar los derechos de la gente y de la naturaleza. Iniciaremos la revisión del proyecto”, comentó Cabascango, al concluir el recorrido por el afluente.

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