
La Corte Provincial de Pichincha dispuso que el IESS reconozca el estándar de 14 semanas de licencia por maternidad. Esta decisión representa un avance significativo en los derechos laborales en Ecuador, permitiendo a las mujeres gestantes y madres afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) acceder a este derecho laboral.
Un reciente fallo judicial marcó un hito en la protección de los derechos laborales. La resolución, emitida tras una acción de protección presentada por la activista Mayra Tirira y la organización Surkuna, establece que la protección a la maternidad debe alinearse con los estándares internacionales del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar de que el artículo 152 del Código del Trabajo actual estipula un descanso de 12 semanas, la sentencia concluyó que esta normativa resulta insuficiente frente a los derechos constitucionales relacionados con la salud reproductiva y el cuidado reforzado para las personas gestantes.
El fallo no implica una reforma automática del Código del Trabajo, pero sí establece una obligación directa para que el IESS modifique sus protocolos y atienda solicitudes bajo este nuevo criterio.
La justicia otorgó al IESS un plazo máximo de 60 días para adecuar sus reglamentos internos y garantizar que los trámites de subsidio por maternidad contemplen la extensión hasta las 14 semanas.
A pesar de este período administrativo, los expertos legales señalan que el derecho ya es exigible. Las afiliadas que están próximas a iniciar su licencia o que ya se encuentran en este período pueden gestionar el reconocimiento de las 14 semanas.
Para quienes deseen aplicar a este beneficio, el proceso requiere formalizar una petición por escrito ante su empleador y el IESS. La solicitud debe incluir:
Es fundamental que la trabajadora exija un número de trámite, sello de recepción o comprobante que respalde su petición. En caso de recibir una respuesta negativa o tácita por parte del IESS, se sugiere evaluar el uso de garantías constitucionales para asegurar el cumplimiento del derecho reconocido.