El viernes 13 de diciembre de 2019 se instaló la audiencia de juzgamiento por homicidio, en el caso de los 18 jóvenes que murieron en un incendio en una clínica ilegal del suburbio de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Los familiares de los 18 jóvenes que murieron en un incendio, en un centro clandestino de tratamiento de adicciones en Guayaquil, volverán a desenrollar las pancartas con sus fotografías. Para el lunes 16 de diciembre de 2019 se tiene prevista la reinstalación de la audiencia de juzgamiento por homicidio contra siete implicados en el caso.
El fiscal César Peña explicó que el juicio se retomará a las 08:15 y se extenderá por fases hasta las 23:00. “Tenemos los informes del incendio, las pericias, las autopsias, los testimonios de quienes verificaron los hechos aquel 11 de enero. En base a estos hechos la Fiscalía presentará su acusación formal”, dijo el pasado viernes, cuando se desarrolló la primera convocatoria.
Las llamas consumieron el 11 de enero de 2019 una angosta habitación de una casa ubicada en el suburbio. Allí funcionaba una clínica ilegal, cuyos permisos de funcionamiento habían caducado años atrás.
El espacio donde se originó el incendio era conocido como la ‘lagartera’. Era el sitio donde supuestamente aislaban a los usuarios con pocos días de ingreso, mientras pasaban el síndrome de abstinencia. Los familiares de los jóvenes relatan que era una celda con rejas y cerrada con candado, por lo que no pudieron escapar.
Sandra Ramírez es la madre de Javier. Desde enero acude a cada audiencia con la imagen de su hijo de 22 años plasmada en una camiseta negra. “Esperamos que haya un proceso adecuado ahora que van a ser juzgadas las personas detenidas y los funcionarios del Ministerio de Salud”.
El caso sufrió un retroceso en abril pasado, cuando cuatro exfuncionarios de la desaparecida Dirección Provincial de Salud del Guayas fueron sobreseídos. La defensa de los familiares y la Fiscalía apelaron, y desde entonces el caso pasó por varias etapas.
En noviembre volvió a preparatoria de juicio y los exfuncionarios fueron nuevamente vinculados, por otorgar presuntos permisos de funcionamiento al lugar donde ocurrió la tragedia.
Los familiares de los jóvenes llegaron con pancartas al juicio que se retomará el lunes 16 de diciembre de 2019. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Entre los implicados también están Orlin B. A., propietario del centro, y de Johnny A. A., supuesto encargado de las llaves del lugar; ambos permanecen bajo prisión preventiva. Mientras que Wiston P. R., quien habría sido médico de la clínica, recibió medidas sustitutivas.
El padre del joven que presuntamente portaba las llaves asegura que era un usuario más. “Su único delito es haber querido ayudar (…). El abogado tiene las pruebas, como los recibos de pago. El último es del 11 de diciembre de 2018 porque ya estaba para salir”.
Esta tragedia reabrió el debate sobre la falta de centros regularizados para el tratamiento de adicciones a las drogas. El Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional realizaron varias reuniones para definir planes. Una de las propuestas fue construir un centro para tratar desintoxicaciones en Guayaquil, pero aún no se concreta.