lcastillo@elcomercio.com
En los últimos 15 años fue arrestado cuatro veces. El pasado jueves, un día después de ingresar al Centro de Detención Provisional de Cuenca, Carlos Pérez Guartambel, de 41 años, dejó la celda.
Fue acusado de sedición, terrorismo y sabotaje a los servicios públicos. Pérez, resuelto y frontal, salió con una mochila vieja. Allí guardaba los libros de leyes que revisó para su defensa.
fakeFCKRemoveEste abogado estaba emocionado porque estrechaba decenas de manos de los campesinos que le esperaban. Entre la multitud aparecieron su madre Inés Guartambel (61 años) y su esposa Verónica Cevallos (38). Ellas lo abrazaron.
Como en cada protesta, le acompañan portando un megáfono. También tenían un cartel que decía: “No vengo a pedir favores, exijo la libertad de mi hijo”.
Patricia Inga, agente Fiscal del Azuay, le imputó los cargos por liderar el bloqueo en la Panamericana, en la entrada a su natal Tarqui. Es una parroquia de extensos pastizales y está a 15 minutos al sur de la capital azuaya.
Al igual que los Pérez, casi todas las familias viven de la ganadería. Él lideró la protesta contra el proyecto de Ley de Aguas, el 4 de este mes. A más de abogado, es agricultor, músico y fundador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA).
Se involucró con los campesinos hace más de 20 años y fue su trampolín para ocupar cargos públicos, como edil cuencano.
Allí siguió su lucha por los recursos naturales y en contra de la actividad minera. También lideró marchas y protestas donde hubo bloqueos de vías desde 1990.
Bolívar Saquipay, presidente de la Junta Parroquial de Tarqui, dice que la gente asiste por presión. “Les amenaza con multas o con la pérdida del derecho de agua de los sistemas”. Saquipay es afiliado al Movimiento Igualdad, afín a Alianza País.
En cambio, Luis Quinde, presidente del proyecto de agua Nero, lo respalda, “porque el agua genera desarrollo”. Él y las 6 000 familias beneficiarias del proyecto participarán hoy en una marcha para rechazar la Ley, en Cuenca.
Otros opositores, dirigentes de Tarqui, coinciden en que Pérez tiene intereses personales. Sus padres son dueños de 40 hectáreas de terrenos en Tarqui, en la zona alta de Quimsacocha, donde está la adjudicación de la empresa Iam Gold, para extraer oro.
En esa zona nacen fuentes de agua que alimentan a los sistemas comunitarios de los cantones Cuenca, Girón y San Fernando.
El día del arresto se cumplían cuatro años del primer paro que lideró Pérez contra la minera. Según él, muchas cosas se dicen en su contra. “Que pedí dinero a la empresa para callar y que quiero sacar a la minera para ir con picos y saquear toda la riqueza existente en Quimsacocha”.
Su oficina, ubicada en el centro de Cuenca, refleja su trayectoria. Las paredes tienen almanaques alusivos al ambiente. Él cree que el actual proyecto es privatizador y que beneficia a las grandes empresas y a las mineras.
El tercer arresto (8 de enero del 2009) se dio por una protesta contra la Ley de Minería. 15 agentes del GOE lo detuvieron tras una rueda de prensa que informó del cierre de vías en contra de la minera canadiense Iam Gold.
Él apoyó al presidente Rafael Correa en su carrera al primer período presidencial. Lo hizo porque en uno de sus discursos, ante 120 dirigentes, habría señalado, recuerda Pérez: “no me temblará la mano si tengo que extinguir concesiones mineras en fuentes de agua”. Al llegar al poder hizo lo contrario, “nos traicionó”, cuenta en tono enérgico.
Las dos primeras detenciones fueron en el gobierno de Sixto Durán Ballén, por liderar bloqueos de vías. La primera por el cierre de las 300 guarderías del Azuay y la otra para evitar la privatización del Seguro Campesino.
Pérez conocía el manejo de las guarderías porque en el gobierno de Rodrigo Borja fue promotor social del ex Ministerio de Bienestar Social. Allí lideró la lucha en defensa de las madres comunitarias y de los niños beneficiarios.
Él se crió en haciendas de las familias Moscoso, Tinoco, Serrano… de Tarqui. Su madre, quien conserva su típica pollera y sus trenzas, trabajaba en agricultura y ganadería. No fueron maltratados físicamente, “pero sí nos gritaban”, dice el dirigente campesino.
Allí forjó su carácter. El último sábado, mientras cargaba en sus espaldas una cantarilla de leche, dijo que no le importa ir 12 años a la cárcel con tal defender el agua. El proceso sigue.