Con la campaña Pesadilla Animal, colectivos refuerzan lucha contra el maltrato animal

A Maggy la mataron y todo quedó en nada. La perrita mestiza fue llevada por su familia humana a un centro de adiestramiento en Quito debido a que presentaba algunos problemas de comportamiento. Pero 28 minutos después fue devuelta con la columna rota, laceraciones en la garganta y sin dientes.

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Aun estaba viva pero ante la gravedad de sus lesiones, su familia tomó la decisión de no prolongar su sufrimiento y le aplicó la eutanasia. Los tutores del animalito presentaron la denuncia, pero el proceso finalmente prescribió. El responsable del hecho nunca se presentó ante las constantes citaciones y eso permitió la prescripción.

Hoy, la única vía abierta sigue siendo la administrativa. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito solicitó a la Agencia Metropolitana de Control que inicie un procedimiento sancionador por infracciones graves y muy graves, que podrían derivar en multas y una eventual clausura.

Colectivos de protección animal consideran que este caso, que conmocionó a la opinión pública, es un ejemplo de la falta de control que existe hacia los diferentes negocios que ofrecen servicios para animales.

Según ellos, hay veterinarias, hoteles, peluquerías, pet shops, centros de adiestramiento, que funcionan sin la supervisión requerida. E inclusive muchos paseadores, que sacan a pasear a 4 o más perros pertenecientes a diferentes personas, trabajan desde la informalidad.

Por ello, organizaciones animalistas del Ecuador lanzaron la campaña Pesadilla Animal. El objetivo es educar a la comunidad y exigir que las entidades de regulación y control sancionen las malas prácticas de los servicios veterinarios y a los malos profesionales, quienes ejercen al margen de la legalidad sin importarles las vidas de los animales.

La iniciativa nació del trabajo conjunto del Movimiento Animalista Nacional del Ecuador (MAN), Fundación Rescate Animal Ecuador (FRAE) y su Despacho Legal Animal (DespachoRA), Protección Animal Ecuador (PAE), Poliperros y el Colectivo LOA Ecuador.

Las organizaciones exigen que se sancionen las malas prácticas veterinarias, “evitando entregar permisos de funcionamiento sin el cumplimiento (con estricta rigurosidad) de los requisitos necesarios y sancionando a quienes por su mal accionar están provocando la muerte de animales de compañía, cada día”.

“Nadie está controlando”

Mónica Cabrera Bohórquez, miembro de Rescate Animal Ecuador y el Colectivo LOA, señaló que por años, las fundaciones han recibido denuncias de personas que han sufrido pésimos servicios de diferente tipo con sus animales, en veterinarias, campañas de esterilización, groomers, peluquerías. E inclusive se han producido muertes de animales.

“Hemos coincidido en que hay una grave falencia en el sistema: cualquier persona puede poner una hotelería de perros y gatos, cualquiera puede poner una veterinaria”, indicó la activista en diálogo con EL COMERCIO. “Hay unos requisitos muy fuertes para tener una veterinaria, pero nadie está controlando con la rigurosidad del caso, que se tengan los requisitos para ponerla como debe ser. Y así con todo”.

En el caso de los paseadores, que ya son parte frecuente del paisaje diario en los barrios, cualquiera puede ofrecer sus servicios. “Pero no hay nadie que regule, que registre a estas personas para que reciban al menos un curso. Hemos recibido reportes de personas que pasean a los perros y les van pegando, los tienen amarrados, no les dan agua y así un montón de barbaridades”.

Cifras de maltrato animal

Según cifras entregadas por la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Proanimal) del Municipio de Guayaquil, en 2025 se atendieron 9 135 requerimientos. De ellos, 1 782 (19.51%) fueron por maltrato animal. Hasta marzo del presente año, se atendieron 3.586 requerimientos, entre ellos 569 denuncias por maltrato animal.

En 2025 se atendieron 290 casos de encadenamiento (3.17%) y 127 atropellamientos (1.39%). Hasta marzo del presente año hubo 103 encadenamientos y 81 atropellamientos.

El maltrato animal es una realidad en la que ocurren casos estremecedores, que parecen sacados de alguna película de terror. Por eso el nombre de la campaña que lanzaron las fundaciones: PESADILLA ANIMAL.

“Estamos invitando a la gente a que nos cuente sus historias. Nuestra idea es que una vez termine la campaña, en cerca de mes y medio, actuar de manera legal y generar un cambio real en los GADs y el sistema de justicia. No quedarnos solo en las denuncias y mostrar que esto no es solo un caso aislado”, indicó Mónica Cabrera.

En las redes sociales de las fundaciones se encuentra un link para que quien desee contar su historia, pueda hacerlo.

Esterilizaciones clandestinas

Un caso de terror fue el descubierto recientemente en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Aquí, personal de Proanimal, en coordinación con otras dependencias municipales y Policía Nacional, allanó una casa en la que se realizaban esterilizaciones en forma clandestina y en condiciones totalmente antihigiénicas.

En el sitio fueron hallados dos perros y 21 gatos, sedados y ya operados. Para las cirugías se utilizaban materiales no apropiados, como detergente de ropa para la limpieza e hilo de pesca para las suturas.

Carlos Luis Román, director de Proanimal, explicó que se montó el operativo en respuesta a una denuncia ciudadana. “Fue difícil ver lo que encontramos. No respetaban ningún protocolo de asepsia ni médico veterinario, tenían casi apilados a los animales y así los trasladaban también, en motos, nada que garantizara su bienestar y la seguridad de los animales.  Y quien operaba no tenía título de médico veterinario”, relató el funcionario a  EL COMERCIO.

De inmediato los animales fueron retirados y trasladados a la clínica de Proanimal, ubicada en la avenida Francisco de Orellana. Luego las autoridades contactaron a los tutores.

Según Román, “hicimos las verificaciones pertinentes de cómo tenían a los animales en sus hogares antes de devolvérselos. Luego de las cirugías, algunos animales quedaron con lesiones que podían transformarse en permanentes pues no es lo mismo suturar con hilo quirúrgico que con un nylon de pescar”.

Se envió un informe a Procuraduría Síndica sugiriendo que se tomen las medidas necesarias a nivel penal. Mientras tanto, los tutores de cada animal rescatado en el lugar recibieron de regreso a sus compañeros de cuatro patas.

Las personas se mostraron horrorizadas cuando descubrieron la terrible realidad que existe detrás de aquellos anuncios en redes sociales que ofertan “campañas de esterilización a bajo costo” (generalmente $ 10 o $ 15) y “transporte gratis”.

Modus operandi

Los colectivos animalistas tienen años rastreando a estas personas deträs de las esterilizaciones clandestinas. Relatan que el modus operandi es el mismo: a través de redes sociales lanzan “campañas” de esterilización a bajo precio y transporte gratuito. Por lo general lo hacen bajo la fachada de supuestas fundaciones con nombres de animalitos.

Los incautos los contactan vía WhatsApp y los sujetos envían motos a recoger a los perros o gatos. A menudo se ve en la calle estos vehículos llevando tres o cuatro jaulas una encima de otra, exponiendo a los animalitos a un gran peligro. Pero eso no les importa.

Los tutores de los peluditos no saben adónde son las cirugías ni quién va a operar. No les permiten visitar el lugar. Su único contacto es por celular, y si algo sale mal simplemente los individuos lo apagan y dejan de contestar. Así el animalito se pierde. Los sujetos cambian el nombre de la supuesta fundación y lanzan una nueva campaña.

“La gente, imagino que por desconocimiento, envía a su animal de compañía a estas campañas, atraída por el bajo costo y el transporte gratuito. Y también por comodidad, pues el animal es recogido directamente en la casa de la familia. Pero desconocían adónde lo llevaban”, puntualizó Carlos Luis Román.

Según el funcionario, “es lamentable, pero mientras existan clientes y haya demanda, estas personas seguirán ofreciendo las cirugías y seguirán operando. Lo que hacen es cambiarse el nombre. Y recogen al animalito en las casas, precisamente para que la gente no vea adónde se lo llevan”.

Román puntualizó que es importante que la gente se cerciore de que el sitio donde van a esterilizar a su animal de compañía, tenga médicos con título y maneje las condiciones adecuadas de asepsia.

Consejos para buscar campañas de esterilización

Mónica Cabrera, de Rescate Animal Ecuador, también hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga en el accionar de esta red que se dedica a esterilizar en forma antitécnica y antihigiénica.

“Han habido animales muertos. En redes hay denuncias que dicen que enviaron a sus peluditos en las motos y nunca regresaron. O regresaron y a las dos horas se murieron. Hay maltrato con muerte de animales”.

Según la activista, si en una campaña te cobran solo $ 10, hay un 90% de probabilidades de que están haciendo algo mal, como poniendo menos medicina o usando materiales inadecuados.

“Quienes van a mandar a sus animales a operar, infórmense dónde es, conozcan el lugar, visítenlo, no se pueden hacer las cirugías en la cocina de una casa. Ustedes, como tutores de los animales, tienen derecho a saber dónde es y qué doctor va a operar. Cuando comienzan a esconder esta información, hay que sospechar”, señaló Cabrera.

Lo mismo en las peluquerías y hoteles para mascotas. El tutor tiene derecho a conocer las instalaciones y a quienes van a manipular e interactuar con sus animalitos. Y estos lugares deberían tener cámaras, para que todo quede registrado.

“Tenemos denuncias de que hay veterinarias que tienen papeles, pero ponen a que los pasantes o estudiantes atiendan a los animales. El veterinario es quien debe atender, los estudiantes están para apoyar y aprender”.

Operaban sin ser médicos

En el caso del sitio donde hacían las esterilizaciones en condiciones antihigiénicas, la activista lamenta que no se detuvo a los implicados en esta actividad, pese a que estaban operando sin ser médicos.

Esto incurre en el delito de Ejercicio ilegal de la profesión, sancionado en el artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “La persona que ejerza la profesión sin título, en aquellas actividades en las que la Ley exija título profesional, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

El Municipio, a través de Proanimal, también realiza esterilizaciones gratuitas en los puntos de atención. Son nueve, ubicados en:

• 1. CAMI de la Isla Trinitaria (cerca al Trinipuerto).
• 2. Calles Octava y Bolivia (Puerto Liza).
• 3. Octava y la Ch (CAMI Cisne 2).
• 4. Casa Guayaca (ciudadela La Atarazana, a una cuadra del CNE).
• 5. Centro Polifuncional Zumar (Mucho Lote 1).
• 6. Kartódromo (Guasmo Norte).
• 7. Centro Polifuncional Viernes Santo (Los Esteros).
• 8. Centro Veterinario Municipal Proanimal (av. Francisco de Orellana y desvío a la av. Narcisa de Jesús).
• 9.  Centro Veterinario Municipal de la isla Puná.

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“Maltrato animal se da a veces por ignorancia”

Según Carlos Román, director de Proanimal, el maltato animal no se da siempre por maldad, sino a veces por ignorancia. “Es importante estar conscientes de que los animales son seres sintientes y requieren ciertas condiciones para vivir con dignidad”.

El funcionario señala que se hacen campañas educativas, de concienciación, donde muchas personas, al darse cuenta de que los animales son seres sintientes, cambian su forma de tratarlos. “Tenemos siempre denuncias y alarmas de diferentes casos, pero creo que vamos por el camino correcto. Es importante el tema de la educación”.

Román informó a EL COMERCIO que se está trabajando en una nueva ordenanza, que será presentada en diciembre próximo. Además, se presentará una reforma el mes que viene. “Esto dará el marco jurídico y normativo para reducir el maltrato animal y que nosotros, como sociedad, empecemos a cambiar”.

Esta reforma tratará el tema de los perros comunitarios, las colonias felinas. “Se está estableciendo responsabilidades a los tutores de las colonias felinas. Y estamos reforzando el tema de las sanciones y el tema de la informalidad que se maneja en algunos negocios animalistas”, especificó.

Campaña de registro

Carlos Román, director de Proanimal, explicó que el Cabildo está haciendo una campaña de socialización de la ordenanza municipal, para que todos los establecimientos, dependiendo si son peluquerías, hoteles, venta de productos, se registren y se les da un certificado de bienestar animal si cumplen con ciertos requisitos.

“Hacemos controles permanentes y la ciudadanía puede también denunciar cualquier irregularidad al 181. Se pide que tengan un médico veterinario con título registrado en la Senescyt, condiciones de espacio y ventilación adecuadas. Se busca el bienestar de los animales”.

Además, el Municipio está por firmar un convenio con la fundación suiza Franz Weber, para ofrecer cursos online gratuitos para paseadores y guías caninos.

“Hay una falta de eficiencia”

Otro caso de maltrato se descubrió en el sector La Armenia, en Quito. Dos perritos, Rufino y Abril, fueron rescatados en una vivienda. Ambos presentaban una condición corporal alarmante, especialmente Rufino, un perrito de aproximadamente 10 años.

Personal de UBA, al evidenciar una mala tenencia por parte de sus tutores —quienes no pudieron justificar su estado de salud, ni les brindaron atención veterinaria oportuna— se procedió de inmediato con su retiro definitivo.

Se levantó el informe de flagrancia correspondiente. Los tutores afrontarían una multa de más de $ 5 000.

El abogado Julio Alberto Etcheverry Carrera, coordinador de defensa legal de la fundación Protección Animal Ecuador (PAE), colabora con varios grupos animalistas. El jurista indicó que “diferentes grupos y personas involucradas en el activismo hemos puesto muchas denuncias, pero notamos que pese a ello las sanciones no eran lo que esperábamos ni el maltrato disminuía”.

Por ello, analizaron la situación y encontraron problemas en la normativa, en la voluntad de las autoridades. “Hay falta de capacidad y de eficiencia. Ahí descubrimos que no es un problema solo legal, sino que involucra a otros aspectos de la vida cotidiana, como la educación de las personas”, explicó en diálogo con EL COMERCIO.

Sobre el caso de Maggy, el jurista indicó que estos lugares de adiestramiento canino “han empezado a pulular en Quito porque no necesitan mayor cosa para sacar un permiso. Basta que declaren lo que van a hacer y le dan el permiso, no hay ninguna verificación previa de qué es lo que van a hacer”.

La gente vé el permiso de funcionamiento y se confía en estos sitios que, según el abogado Etcheverry, no tienen ninguna garantía para brindar bienestar a los animales.

Solo una sentencia por maltrato animal

La campaña Pesadilla Animal busca involucrar a las autoridades para lograr reformas legales que se necesitan. “El bienestar de los animales no ha sido tomado en cuenta con la importancia debida. Por eso creemos que ya es hora de que las autoridades también hagan su parte”, afirmó el abogado Etcheverry.

Recordó que en 2014 hubo una reforma al COIP para incluir a los animales que forman parte de la fauna urbana, como objeto de protección ante delitos y contravenciones.

Pese a ello, afirmó, solo ha habido un caso de sentencia por maltrato animal. Se trató de la muerte del perrito Spike, en Quito, a manos de una mujer quien fue condenada a 3 años de cárcel.

“Sin embargo, la persona no ha cumplido ni un día de prisión. Simplemente se escondió hasta que cumplió la pena y ahí está tan campante, como si nada”, puntualizó el jurista.

Maltrato animal es delito de acción privada

En el COIP se puede encontrar los delitos contra la fauna urbana entre los artículos 249 y 250 con sus numerales.

El artículo 250.1. establece que la persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad (como el caso de Spike), será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El problema es que los delitos contra la fauna urbana son de acción privada. “A diferencia de los delitos de acción pública, en los que se mueven Fiscalía y Policía, la acción privada tiene el problema de que todo lo que implica la investigación, la citación, los gastos de abogado, todo depende por completo de la persona que pone la querella. y no cuenta con la Policía, solo se tiene a sí misma”, explicó el jurista.

Una persona que desee iniciar una querella de este tipo, debe destinar unos 2 000 o 3 000 dólares, afirmó. Y todo se complica si el maltratador es el propio tutor del animal, o si se trata de un perrito o gatito de la calle.

Según el abogado Echeverry, en el caso de Maggy no fue posible ubicar al maltratador para que lo citen. “Como no podíamos contar con Fiscalía ni Policía, la acción prescribió”.

Además, la falta de ordenanzas en varios cantones también dificulta la atención y sanción a casos de maltrato animal. Esto es lo que se busca cambiar con la campaña Pesadilla Animal.

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