La reunión de seguimiento a los compromisos y acuerdos entre el Gobierno central y los 15 alcaldes y el Prefecto de Azuay no tuvo resultados positivos. Por eso, la Cámara Provincial se declaró en sesión permanente desde la tarde del lunes pasado.
El tema vial fue el más complejo. La propuesta del Banco del Estado a la Cámara Provincial fue dar USD 8,5 millones para vialidad rural. USD 6 millones recibirían mediante un crédito y la diferencia como subsidio, solo si implementan una tasa por contribución especial de mejoras.Es decir, pagarán por el arreglo de una determinada vía quienes habitan en la zona intervenida, dice el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco. Ese sistema lo prevé el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización.
A Carrasco no le parece mal, pero es partidario del cobro del peaje como ya lo hace la Prefectura en las carreteras El Descanso-Gualaceo y La Ramada-Nabón. “Es directo, pagan todos quienes usan la vía y no se cargan las planillas solo a los habitantes”.
También señaló que para levantar un catastro de la zona rural de toda la provincia necesita USD 14 millones y no tiene ese dinero.
Carrasco recordó que el presidente, Rafael Correa, dijo en Cuenca que no estaba de acuerdo con los peajes. “Cómo entiendo ahora este impuesto. Entonces, porque el Gobierno no lo aplica con las vías estatales recién arregladas como la Cuenca-Loja y la Cuenca-Molleturo-Naranjal”.
Hace un mes, en una reunión similar, Carrasco presentó a los ministros de Transporte y Obras Públicas y de Coordinación Política un plan vial emergente por USD 47 millones.
El lunes pasado, después de siete horas de discusión, solo hubo el compromiso de invertir USD 11 millones en el asfaltado de la vía Minas-Tablón-Pucará.
Esta carretera es esperada por más de una década por los agricultores del cantón Pucará. Su estado es deplorable, solo en lastre.
Los alcaldes azuayos se molestaron por la inasistencia de los ministros, solo estuvieron subsecretarios y delegados. Al finalizar la cita se conformó una comisión integrada por los alcaldes de Santa Isabel, Guachapala y Nabón y el Viceprefecto de Azuay.
Ellos enviaron una carta a los ministros de Transporte y Coordinación Política, diciendo que no cederán a los recursos acordados inicialmente, que son de USD 47 millones. Esperan ser recibidos en Quito el 6 de septiembre.
“Si no tenemos respuesta, enviaremos una carta pública al Presidente y realizaremos una movilización”, señaló el alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quezada.