El agente fue detenido por el delito de concusión. Foto: Captura de pantalla
Un agente de la Unidad de Control Operativa de Tránsito de Loja fue detenido la mañana del miércoles 5 de febrero del 2020 por el delito de concusión, después de que fuera señalado por un conductor que habría incurrido en infracción vial.
Según informa en Twitter UVtelevisión, el delito se habría cometido en las calles Mercadillo, entre 18 de Noviembre y avenida Universitaria. En esas vías circulaba el conductor de un vehículo blanco, quien habría cometido una infracción.
Según la información policial, el agente le informó que había irrespetado las señales de tránsito y tendría una multa de USD 120 y seis puntos menos a la licencia de conducir, ante lo cual el supuesto infractor habría solicitado la ayuda del uniformado.
De acuerdo con el relato del conductor denunciante, el agente, aparentemente, le solicitó USD 50 para romper la boleta de citación.
El joven conductor le habría señalado que no tenía esa cantidad pero que puede ir a pedirla a un familiar. Tras el acuerdo, el joven se dirige al domicilio de su hermana para solicitar el dinero. A su regreso, el conductor el dice que solo tenía USD 30, el agente acepta y rompe la citación.
Sin embargo, el joven ya había denunciado el hecho a miembros de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar en el momento de la transacción. En ese momento, narra el conductor, el agente toma el dinero y se lo mete a la boca para luego tragárselo al verse descubierto. Pese a ello, el uniformado fue detenido para investigaciones.
En horas de la tarde del miércoles se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del agente de tránsito, en la Unidad Judicial de lo Penal de Loja, señaló un medio local.
El fiscal Serbio González presentó las pruebas ante el juez, que sería el testimonio del afectado y los pedazos que quedaron de la boleta de citación que estaba rota.
El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de 3 a 5 años de prisión para el delito de concusión. “Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.