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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Ecuador ejecutó la anulación de 2 708 títulos otorgados por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), con sede en Nicaragua, en cumplimiento de una sentencia judicial. La decisión deja a miles de estudiantes sin reconocimiento académico en Ecuador y con opciones limitadas para recuperar su inversión educativa.
El 10 de febrero de 2026, la Sala Laboral de la Corte Provincial del Guayas aceptó la apelación presentada por la Procuraduría y la entidad demandada (extinta Senescyt). Con esta decisión, dejó sin efecto la sentencia de primera instancia y rechazó la acción de protección, presentada por 500 estudiantes, que pedían que sus títulos se registraran.
El tribunal concluyó que no se vulneraron derechos constitucionales, como sostenían los estudiantes. Señaló que el problema es administrativo: no se cumplieron los requisitos legales para registrar los títulos extranjeros.
El caso gira en torno a un requisito central: la universidad extranjera debe contar con acreditación vigente en su país de origen. Sin ese aval, el Estado ecuatoriano no puede registrar títulos.
Según el abogado constitucionalista Edison Guarango, esta exigencia ha sido constante en la normativa. Explica que Ecuador respeta la legislación del país donde se emite el título, pero exige que la institución esté legalmente reconocida.
En el caso de Unival, los títulos emitidos hasta 2021 sí pudieron registrarse. Sin embargo, posteriores irregularidades y la falta de aval impidieron validar nuevas titulaciones.
La situación se complicó cuando el Gobierno de Nicaragua cerró la universidad en 2022. Las autoridades detectaron inconsistencias en su oferta académica, programas sin autorización y fallas en la gestión institucional.
Además, señalaron cobros indebidos y falta de transparencia. Estas irregularidades derivaron en la cancelación de su personalidad jurídica y la imposibilidad de seguir operando.
Tras la sentencia, las alternativas en Ecuador son limitadas. El experto Edison Guarango advierte que una acción extraordinaria de protección tendría pocas probabilidades de éxito, debido a la claridad de la normativa vigente.
En el ámbito internacional, los estudiantes podrían iniciar acciones legales en Nicaragua. Esto incluiría posibles denuncias por estafa o procedimientos administrativos, dependiendo de la legislación de ese país.
No obstante, surgen obstáculos de jurisdicción. Determinar dónde se cometió el posible delito, si en Ecuador o Nicaragua, complica cualquier proceso judicial.
El criterio de las autoridades es claro: sin acreditación válida de la universidad, no existe posibilidad de registrar los títulos.
Esto deja a los afectados en una situación compleja. Sin título válido en Ecuador, deberán explorar vías legales en el extranjero o buscar alternativas académicas para continuar su formación.
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