3 de octubre de 2020 00:00

Paro de octubre llegó pese a dos años de diálogos en el país

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, sale del Ágora de la Casa de la Cultura el 9 de octubre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política

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El paro nacional que mantuvo en zozobra al país durante las primeras dos semanas de octubre del 2019 no fue un hecho aislado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), encabezada por Jaime Vargas, anunció con cinco meses de antelación que se preparaba una gran movilización en rechazo a las políticas del Gobierno Nacional.

La mayor parte de manifestantes que llegó a Quito pertenecía a las bases del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), liderado por Leonidas Iza. Los dos dirigentes se convirtieron en los rostros más visibles de la dirigencia indígena en las protestas, aunque también estuvieron en la primera línea el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, y el coordinador nacional de Pachakutik (PK), Marlon Santi.

Diez meses después, los cuatro fueron protagonistas de una pugna para definir el candidato presidencial del movimiento para los comicios del 2021, aunque frente a las cámaras siempre se negó una división. El Consejo de Gobierno de PK se decidió por Pérez.

Las cabezas del paro denunciaron un supuesto “direccionamiento” en la designación. Pese a eso, una facción insiste en que Vargas sea inscrito como candidato a la Asamblea.

Iza dice que se enfocó en el fortalecimiento de las bases y en el trabajo organizativo y descartó participar en los comicios. El lunes pasado (28 de septiembre del 2020) presentó en Nueva York el libro denominado ‘Estallido, la Rebelión de Octubre en Ecuador’. Afirma que con las protestas se consolidaron los lazos comunitarios y que se articuló el Parlamento de los Pueblos.

Por su parte, el exvicepresidente, Otto Sonnenholzner, defiende el diálogo nacional que planteó el Gobierno para encarar la transición, que duró dos años y que lideró en su parte final. Admitió que lamentablemente no se incluyó en los diálogos el tema de los subsidios a los combustibles, pero se lo pudo haber hecho.

También reconoce que hubo fallas para comunicar las compensaciones y está seguro de que hubo manipulación para movilizar a los indígenas. “Ahora ya no hay subsidio en la súper y la extra está casi en precio internacional y se ve que no hubo desestabilización ni hiperinflación como se anunciaba”, explicó.

La Asamblea no supo responder. El expresidente del Congreso, Guillermo Landázuri, dice que fue un poder del Estado ausente. “Fue un escenario lamentable sin un Legislativo que pueda orientar, calmar los ánimos, cumplir un proceso de diálogo”, señaló.

El presidente de esta Función, César Litardo (AP), no respondió a El Comercio por qué no convocó al Pleno en esos días. Aunque una semana después de la crisis, dijo que prefería ser recordado como “cauteloso antes que golpista”. Ahora busca la reelección.

En la Asamblea hubo una investigación que no determinó responsabilidades de las protestas. Además, hace nueve meses asambleístas de oposición plantearon un pedido de juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por la actuación de la Policía. Aún está en trámite.

La posición del sector privado y los empresarios fue hacer un llamado a la paz y a tratar de mantener las operaciones. Así lo sostiene Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, agrega que lo más grave fueron las secuelas, como la pérdida de confianza internacional y la afectación al empleo directo e indirecto.

La Asociación de Municipalidades pidió que alcaldes como Jorge Yunda, de Quito, y Pedro Palacios, de Cuenca, intercedan. El politólogo Simón Pachano considera que la posición de Yunda fue “tímida” y no actuó como pudo hacerlo.

Señala que era necesaria una mediación externa y neutral. Por ello ponderó la presencia de la ONU y de su representante, Arnaud Peral, quien medió entre los indígenas, trabajadores y el Gobierno. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana también colaboró.

Tras 10 días de intensas protestas, el Gobierno derogó el Decreto 883 que eliminaba los subsidios. Los protagonistas consultados creen que no se debería descartar que se repita un escenario similar, ya que hay sectores interesados en generar el caos y ahondar la polarización y así buscar réditos en las elecciones del 2021.

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