El Primer Mandatario anunció las medidas económicas en cadena nacional la noche del 21 de agosto del 2018. Foto: Flickr Presidencia del Ecuador
Con las nuevas medidas económicas y la recién publicada Ley de Fomento Productivo, el Gobierno apunta a reducir el déficit fiscal y afrontar el alto nivel de endeudamiento.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó ayer que se espera que las decisiones gubernamentales que implican ajustes en el aparato estatal y el alza del precio de la súper generen un ahorro de unos USD 1 150 millones en los próximos 12 meses.
El grueso de esa cifra provendrá de los recortes al gasto público y de la eliminación de entidades (ver nota inferior).
El Gobierno también espera recibir en este año USD 602 millones por la remisión tributaria establecida en la Ley de Fomento Productivo, que rige desde el pasado martes.
Pese a ello, los rubros son insuficientes para cubrir los USD 5 600 millones que requiere el Gobierno para financiar el déficit fiscal y pagos pendientes de deuda para el resto de este año.
Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, explica que esta situación obligará al Fisco a recurrir a préstamos y emisión de bonos en el mercado internacional.
Martínez informó que el Comité de Deuda se reunirá en los próximos días para avalar operaciones de créditos por un monto superior a los USD 1 000 millones. De esa cifra, el 50% será con la banca de inversión y la diferencia, con organismos multilaterales como Banco Mundial, BID y CAF.
Parte de ese dinero será para financiar el Metro de Quito.
Otra fuente para obtener ingresos será la reforma legal para recuperar los dineros por casos de corrupción. Para esto, el Gobierno planteará la entrega del 20% del dinero recuperado a las personas que den información certera sobre dónde están estos recursos.
Martínez defendió las decisiones y dijo que no son aisladas. Según el Gobierno, las medidas permitirán reducir el déficit fiscal hasta el 2021, hasta alcanzar el 1% del PIB (unos USD 1 000 millones).
El funcionario señaló que las medidas buscan cerrar la brecha de este año y de los siguientes ejercicios fiscales. Recordó que el Gobierno debe resarcir desde el 2019 el pago del 40% de las pensiones jubilares, que representa unos USD 1 500 millones. La cifra se dejó de pagar en el anterior Gobierno, pero la Corte Constitucional dispuso en marzo pasado que se reintegre.
Además, el país debe pagar montos de capital de bonos en el 2020 y en el 2022, por unos USD 3 500 millones.
Otro rubro que se priorizará es el pago de compensaciones a jubilados del sector público, que no estaban recibiendo estos valores desde el 2015.
El Gobierno actual heredó una deuda de USD 1 200 millones con estos jubilados, de eso faltan cubrir USD 550 millones, dijo Martínez. Para la siguiente semana está previsto pagar estas obligaciones a los jubilados con discapacidad.
El Gobierno elimina 10 entidades para optimizar la Función Ejecutiva
El tercer ajuste que aplicará el Gobierno para optimizar la función Ejecutiva plantea eliminar 10 entidades, entre ministerios, secretarías, embajadas (ver gráfico).
El propósito de esta medida es reducir el tamaño del Estado, precautelando la prestación de los servicios, informó César Agusto, secretario nacional de Planificación y Desarrollo (Senplandes).
Hasta ahora, el actual Régimen ha eliminado cinco ministerios coordinadores, los ministerios de Minería, Electricidad, Deportes; las secretarías de la Administración Pública, de Inteligencia, de Hidrocarburos; la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y resolvió fusionar Petroecuador con Petroamazonas.
El Ejecutivo cuenta con 128 entidades, de las 137 que había al inicio de su administración, pero la meta es reducir aún más. Se busca pasar de 40 ministerios -que había a mayo del 2017- a 20. Ahora, funcionan 27.
También se suprimirán las embajadas en Bielorrusia, Angola y Argelia y ocho consulados: en Cantón (China), Alicante (España), Queens y Phoenix (EE.UU), Bombay (India), Hamburgo (Alemania), La Haya (Países Bajos) y Valencia (Venezuela).
Las funciones de las dependencias que desaparecerán serán asumidas -en algunos casos- por otros entes. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, sus competencias pasarán al del Interior y al de la Política (que pasará de Secretaría a Ministerio).
Las competencias de la Secretaría de Comunicación (Secom) pasarán a la de Información Pública de la Presidencia, dijo Andrés Michelena, titular de la Secom. Esta entidad prevé desocupar en un mes el cuarto piso del edificio de los medios públicos en Quito. De los 242 empleados que tiene la Secom se calcula desvincular entre 100 y 120 personas.
La Secretaría de Riesgos se reunirá con el Ministerio de Defensa para tratar el tema de su absorción. Los 250 trabajadores de Riesgos aún no conocen si serán despedidos o pasarán a Defensa. Hoy, 23 de agosto del 2018, el Ministerio dará una rueda de prensa.
La eliminación o absorción se emprenderá cuando se emita el Decreto. Con estas medidas se aspira ahorrar USD 60 millones al año, que sumados a la optimización de las firmas públicas serán 350 millones.
También se suprimirá el pago del servicio de celular a ministros, viceministros, directores; se bajará 30% en viáticos, se venderán 1 000 autos y se retirará la seguridad, excepto a los que, por sus funciones, requieran de este servicio. Esto representa 150 millones al año.
Con esto y la decisión de limitar la contratación directa, el ahorro total será de USD 1 000 millones al año.
