24 de agosto de 2018 00:00

Ecuador salió de la Alba por la crisis migratoria venezolana

Una vecina de El Juncal da albergue temporal y alimento a los venezolanos en tránsito. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

Una vecina de El Juncal da albergue temporal y alimento a los venezolanos en tránsito. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

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Redacción Ecuador

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Ecuador ya no participará en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), impulsada por el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.


El anuncio lo hizo ayer el canciller José Valencia, quien manifestó que de este modo el país busca “ratificar” los principios de autonomía frente a las decisiones de este grupo.

Valencia manifestó que el Gobierno está “frustrado” por la falta de voluntad política por parte del régimen de Nicolás Maduro, para solucionar la crisis económica y política que atraviesa ese país y que ha originado “el mayor éxodo de la historia reciente” en el continente.

Ecuador se adhirió a la Alba en el 2009, cinco años después de que fuera fundada en La Habana (Cuba), con la participación de Bolivia y Nicaragua, entre otros países.

Para mediados de septiembre, Ecuador convocó a una reu­nión de cancilleres de la región, para encontrar una respuesta a la masiva migración venezolana. Brasil y Chile ya confirmaron su participación.

La crítica situación que viven los inmigrantes en el país impulsó a más organismos a sumar esfuerzos para dar hospedaje temporal y movilización gratuita a quienes quieran llegar a territorio peruano, antes de la aplicación de la exigencia del pasaporte.

En Imbabura, Carmen Carcelén dejó de recibir a los turistas en su casa para acoger temporalmente a los migrantes de Venezuela. Por eso, los extranjeros que llegan a su hogar, ubicado en la comuna El Juncal, la llaman “madre”. El inmueble, con capacidad para alojar a 10 personas, es parte del proyecto comunitario Aroma Caliente, integrado por 13 socios del valle del Chota.

Del lado gubernamental, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) informó que en 10 puntos del país se ha dado atención diaria a cerca de 250 extranjeros.

La mayoría está en Pichincha; desde ayer se atiende a quienes llegaron a Huaquillas (El Oro) por el corredor humanitario impulsado por la Prefectura de Pichincha, el Gobierno y con colaboración de otros organismos, como la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial (Fenacotip).

En el primer viaje arribaron 252 personas. El trayecto empezó en Mascarilla (Carchi), con seis buses de la operadora Pullman. La caravana hizo una parada en Quito, donde se sumaron dos buses.

Abel Gómez, presidente de la Fenacotip, comentó que el viaje fue gratuito. El pasaje de cada viajero cuesta USD 20, aseguró el dirigente, valores que fueron asumidos por la operadora y la Fenacotip.

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, confirmó que este primer grupo ya cruzó la frontera hacia Perú sin inconvenientes. “Este corredor era para garantizar que mientras Perú no solicite pasaporte, ellos podrían ingresar”. Por ello, este plan se realiza hasta hoy. “El sábado ya no podemos hacer nada, porque sería trasladar un problema de un sitio a otro, y no lo vamos a hacer”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración piden más apoyo a la comunidad internacional ante la oleada migratoria.

Las autoridades peruanas aguardan la llegada de más de 20 000 venezolanos a su frontera norte, antes de que mañana entre en vigor la exigencia del pasaporte.

Esta exigencia fue anunciada la semana pasada por el primer ministro de Perú, César Villanueva, quien arguyó que se lo hace por motivos de seguridad. Esa medida se aplica en Ecuador desde el 18 de agosto.

Precisamente, para hoy está prevista la audiencia de solicitud de medidas cautelares en contra de la aplicación de este requisito para los inmigrantes venezolanos.

Este fue un pedido de la defensora del Pueblo, Gina Benavides, del defensor Público, Ernesto Pazmiño, y de organizaciones de la sociedad civil. A esta solicitud se unió ayer la Iglesia Católica.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Eugenio Arellano, solicitó al presidente Lenín Moreno que “encargue a la Cancillería la pronta solución de todas aquellas leyes y normas que están represando a los inmigrantes en las fronteras”.

Durante la rueda de prensa, las autoridades del clero y de las instituciones públicas lanzaron un mensaje para que la sociedad ecuatoriana no sea contaminada con posiciones, ideas o gestos xenofóbicos.

En Quito, la declaratoria de emergencia de movilidad humana estará vigente hasta finales de este mes, según el secretario de Inclusión, César Mantilla. El funcionario explicó que la medida podría ampliarse si el Viceministerio de Movilidad Humana también hace una prórroga y si el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) metropolitano decide hacerlo también.

La declaratoria sirvió para habilitar cinco centros temporales de tránsito, de los ocho que tiene Quito, y para coordinar con el Albergue San Juan de Dios el refugio por cinco días a los viajeros venezolanos.

Los extranjeros que siguen en el campamento frente a la terminal de Carcelén están preocupados por la finalización de las jornadas de difusión sobre los nuevos sitios, a cargo de la Secretaría de Inclusión de la Alcaldía y del Acnur.


Los funcionarios insistieron en que no pueden seguir allí y que deben pasar a los centros temporales de tránsito que habilitó el Cabildo o al Albergue San Juan de Dios, para pernoctar en condiciones más dignas.

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