Diego Fuentes (centro), viceministro del Interior, dio detalles del operativo en una rueda de prensa. Foto: Mayra Pacheco / El Comercio
En el operativo Eslabón 92 realizado entre la noche del martes 22 de diciembre y la madrugada de este miércoles 23, en el norte de Quito, se desarticuló una supuesta banda delictiva. Los seis detenidos, uno de ellos funcionario público, habrían vulnerado el sistema informático del portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop) para redireccionar la adjudicación de contratos a determinadas empresas.
Diego Fuentes, viceministro del Interior, informó que las personas involucradas en este supuesto delito informático fueron aprehendidas, luego de allanar seis predios. En el operativo participaron 44 agentes de la Policía Nacional. La investigación de este caso tomó alrededor de cuatro meses.
Las autoridades del Sercop denunciaron este hecho en mayo. Los proveedores que participan en los procesos de contratación dieron las alertas, informó Santiago Vásquez, titular de esta entidad.
De acuerdo a las pericias se detectó que esta organización trabajaba de la siguiente manera. Dos personas hacían los vínculos con ciertas empresas para recibir dinero a cambio de obtener la adjudicación de un contrato, dos técnicos informáticos, uno de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y otro del Sercop, mediante un sistema bloqueaban a los otros usuarios una vez que pagaban un anticipo para favorecer a determinadas empresas.
Por el redireccionamiento de las adjudicaciones, esta supuesta banda delictiva obtenía el 10% del valor total del contrato. Este se distribuía entre el técnico del Sercop, el experto informático de la CNT, el líder de la organización y los enganchadores.
Por el momento no se cuenta con el monto total de contratos entregados mediante este tipo de mecanismos. Durante el proceso legal se determinará estos valores y las personas jurídicas o naturales implicadas en este caso. Estas empresas serían sancionadas, informó Vásquez.
Para esta tarde (23 de diciembre del 2015), a las 14:30, está prevista la audiencia de calificación de flagrancias en contra de los involucrados: Selene M., Omar O., Lourdes S., Santiago C., Fabián Q., y Wilson S.
Por este tipo de delito (tráfico de influencias, asociación y enriquecimiento ilícito), los supuestos responsables podrían ser privados de su libertad entre cinco y ocho años, enfatizó Fuentes.
Durante esta rueda de prensa, aparte de Fuentes y Vásquez participaron Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Wilson Toainga, fiscal provincial; y Diego Mejía, comandante general de la Policía Nacional. Las autoridades solicitaron a los usuarios alertar sobre otras posibles irregularidades para combatir la corrupción.