19 de agosto de 2018 00:00

Ecuador, sin datos sobre la reanudación de las aspersiones en la frontera

Víctor Quiñónez (der.), presidente de la Forcofecec, visitó la Embajada colombiana. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

Víctor Quiñónez (der.), presidente de la Forcofecec, visitó la Embajada colombiana. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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Roger Velez

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El anuncio realizado en junio pasado por el Gobierno colombiano de que se reanudarán las fumigaciones con glifosato para erradicar los cultivos de coca mantiene en alerta a los pobladores del norte de Ecuador.

“Estamos con los pelos de punta porque Colombia nunca cumple lo que promete. Creemos que en cualquier momento nos van a coger desprevenidos y nos van a fumigar”, dice Daniel Alarcón, líder comunitario de Sucumbíos.

Las comunidades colindantes con la frontera no olvidan lo sucedido el 19 de julio del 2015, cuando por la zona volvieron a sobrevolar avionetas. “Fue un día domingo. Se fumigó en toda la cordillera de la frontera a menos de 4 kilómetros”, relata Alarcón.

Dos años antes de que eso ocurriera, el 9 de septiembre del 2013, Ricardo Patiño y María Holguín, entonces cancilleres de Ecuador y Colombia, habían suscrito un acuerdo para retirar la demanda que Quito había interpuesto contra Bogotá en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, sobre las aspersiones con glifosato.

El pacto se compone de 13 puntos. En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, Héctor Muñoz (SUMA), uno de sus integrantes, no descarta pedir que el tema sea revisado después de la vacancia legislativa que concluirá este 30 de agosto.

Entre otras cosas, el documento compromete a Colombia a mantener para las fumigaciones una zona de exclusión de 10 kilómetros, y que “en ningún momento se reducirá a menos de 2 kilómetros”, en los límites con Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Además, obliga al vecino país a informar a Ecuador “con 10 días de antelación el inicio de las operaciones de aspersión, cuando se programe la erradicación de cultivos ilícitos por vía aérea”.

Este Diario solicitó, el miércoles, una entrevista con el Embajador de Colombia para conocer detalles sobre el reinicio de las fumigaciones que, si bien fue anunciada por Juan Manuel Santos, le corresponderá a su sucesor, Iván Duque. Pero no se concedió el diálogo.

En la víspera, representantes de las organizaciones campesinas del cordón fronterizo norte acudieron a esa delegación diplomática para solicitar a las autoridades del vecino país que cumplan con el acuerdo realizado en el 2013. Entregaron una carta con el pedido pero no consiguieron reunirse con ningún diplomático.

El 25 de junio pasado, la Oficina de Control de Drogas estadounidense reveló que el área de cultivos de coca en Colombia experimentó en el 2017 un crecimiento de 11% para alcanzar 209 000 hectáreas, el mayor nivel de la historia.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Gina Benavides, expresó que es indispensable que Ecuador active canales diplomáticos con Colombia y que, sobre todo, estén enmarcados en precautelar la salud y la protección de los pobladores y de la naturaleza.

En virtud de los antecedentes de los estragos provocados por el glifosato, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) demanda que se tomen medidas para que esto no se repita.

“Ecuador debería entablar un diálogo con Colombia para saber en qué términos se van a hacer estas fumigaciones y evitar que estos daños sucedan otra vez”, sostiene Daniel Véjar, asesor jurídico de Inredh.

En el 2014, Colombia entregó unos USD 15 millones al Estado ecuatoriano para indemnizar a los afectados, pero la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano (Forcopes) se mantiene en que hubo irregularidades en los pagos.

En su momento, el propio expresidente, Rafael Correa, y Patiño tuvieron que ofrecer disculpas a los pobladores, ya que funcionarios del Ministerio de Justicia y de Cancillería les hacían firmar un acta renunciando a sus derechos para acceder a la compensación que bordeaba los USD 3 000. La Federación asegura que “durante los últimos años ha recogido más de 1 000 denuncias de los afectados”.

Los temores en la población fronteriza aumentaron luego de que el pasado 11 de agosto un tribunal de EE.UU. condenara a la firma Monsanto a indemnizar con USD 289 millones a un hombre que asegura que el cáncer terminal que padece se debe a su exposición a un producto de la multinacional que contiene glifosato.

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