13 de noviembre de 2020 00:00

55 detenidos dejan las indagaciones por corrupción en pandemia en Ecuador

Imagen referencial. Los jueces disponen medidas sustitutivas: prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico o presentación física ante una autoridad. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. Los jueces disponen medidas sustitutivas: prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico o presentación física ante una autoridad. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

Las pesquisas que se ejecutaron por la corrupción perpetrada durante la emergencia sanitaria dejan hasta el momento 55 detenidos. La información fue confirmada ayer por la Fiscalía General del Estado.

Estos expedientes son conocidos por personal de la Fuerza de Tarea, un equipo que se conformó luego de que se detectara una serie de tramas ilegales en la compra de insumos y medicinas para afrontar el coronavirus.

Desde entonces, el personal ha abierto 196 casos. De ese número, solo 13 han superado la primera fase de la investigación y en este momento se encuentran en instrucción fiscal. El resto se halla bajo reserva.

Los agentes han realizado 2 632 diligencias y 155 allanamientos a escala nacional. La mayoría se ha concentrado en Pichincha, Guayas, Chimborazo, Cotopaxi, Manabí.

Las diligencias no han parado. El pasado jueves, por ejemplo, un equipo de la Fiscalía ingresó al Hospital de Monte Sinaí, en Guayaquil.

Los agentes acudieron al área financiera de esa casa de salud, para retirar el contrato original relacionado con la compra de insumos médicos.

La Fiscalía detalló que estas diligencias son parte de una indagación que se encuentra en curso por la adquisición de jeringas, agujas, catéteres, electrodos, cánulas y equipos para cirugía. Según datos oficiales, en estas compras se pagaron USD 500 000.

“Durante el estado de emergencia, gran cantidad de casos de corrupción en hospitales y centros de salud empezaron a ser denunciados”, dijo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en un seminario internacional.

En esa cita además sostuvo que “la corrupción es un fenómeno estructural que afecta a los principios esenciales de la democracia y del Estado de derecho, pues profundiza la desigualdad social, inequidad y pobreza”.

Según Salazar, un problema es que solamente el 20% de procesados por peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito recibe prisión preventiva.

Indicó que para la mayoría, los jueces disponen medidas sustitutivas: prohibición de salida del país, uso de grillete electrónico o presentación física ante una autoridad. Aseguró que esto permite la fuga.

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