27 de febrero de 2020 15:00

Richard Martínez: 'El objetivo es tener un sistema para identificar quién puede acceder o no al subsidio de combustible'

El ministro de finanzas, Richard Martínez, habla durante una conferencia este 27 de febrero del 2020 sobre la situación financiera de Ecuador ante representantes de las Cámaras Europeas de Comercio. Foto: EFE

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Agencia EFE

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El ministro de Economía de Ecuador, Richard Martínez, reportó este jueves (27 de febrero del 2020) avances en la elaboración de un sistema de reducción de subsidios a los combustibles de manera focalizada, después de que su eliminación generara violentas protestas en octubre del 2019.

En un desayuno informativo ante cámaras de comercio europeas en Quito, Martínez aseguró que el Gobierno continuará analizando cómo rebajar los subsidios a los combustibles, vigentes desde hace cuatro décadas en el país, aunque desde una nueva óptica.

Eliminación de subsidios y estallido social

El Ejecutivo liderado por Lenín Moreno pretendía recaudar unos USD 1 400 millones anuales con la eliminación de los subsidios a los combustibles, medida que finalmente fue derogada tras el estallido social que provocó la decisión en octubre del año pasado.

"Este es un tema que, dado los eventos de octubre, nos obliga a reconducir la estrategia pero con el mismo objetivo", matizó al insistir en que "el problema no ha cambiado" y continúa generando contrabando, actividad de mafias y que los subsidios están "proporcionalmente enfocados a aquellas personas que más tienen".

En consecuencia, advirtió, su eliminación, aunque sea de una manera más equitativa, "tiene que ser una meta país".

Martínez explicó que ha habido "avances importantes en esta materia", como la creación de una mesa de diálogo con cerca de 50 actores de la sociedad civil, a los que el Ejecutivo mantiene al tanto de las novedades y decisiones que se van adoptando y analizando.

En paralelo, precisó que se tomaron medidas de control en diciembre del 2019 y enero del 2020 que han permitido mejorar el nivel de facturación y datos que facilitan las gasolineras sobre el consumo de los carburantes en el país.

"El objetivo -señaló- es establecer un sistema que nos permita identificar a la persona, tanto por su condición económica, como por la del vehículo, para que pueda acceder o no al subsidio y en qué términos", aclaró.

Aunque se mostró partidario de una visión que aboga por eliminar todos los subsidios, reconoció que "eso, definitivamente, no va a suceder este año".

Con todo, refirió que el Gobierno va a impulsar un sistema que permita encontrar "soluciones más eficientes en el mediano plazo".

La difícil situación económica

Según las últimas previsiones del Banco Central de Ecuador, 2019 acabó con un crecimiento negativo del 0,1 % y para 2020 se espera un leve repunte del 0,7 %.

Junto a ello, la deuda ecuatoriana por vencimiento de plazos podría poner en aprietos a la economía nacional a partir de 2022.

Precisamente para Martínez, "uno de los problemas de la economía ecuatoriana es un débil crecimiento económico", en tanto que es partidario de un "crecimiento que venga de la inversión privada y no de la pública".

Recordó que el Gobierno recibió "una economía muy frágil y debilitada", a la que "le va a tomar tiempo reconstruirse", y llamó a "poner una dosis de realismo" al argumentar que las soluciones estructurales toman su tiempo y "los problemas tan graves de una década no se pueden solucionar en un año".

Ecuador acordó el año pasado con varios organismos multilaterales una financiación por valor de USD 10 200 millones, que según el ministro no habría sido posible sin la existencia de un programa económico serio.

Y avanzó una serie de reformas que promueve el Gobierno encaminadas a fijar unas reglas macrofiscales de mediano y largo plazo para que la economía pueda resistir cualquier embate o cambio súbito de política.

"Si el país hizo un esfuerzo de ajustar su economía y mañana viene alguien y dilapida esos recursos, no habrá servido de nada el esfuerzo. Hay que blindarlo a nivel legal", defendió.

Entre otras cuestiones, las iniciativas que deberá analizar la Asamblea Nacional a partir de marzo, cuando retome su actividad, aspiran a evitar "discrecionalidades" en el presupuesto general del Estado, para que lleguen como máximo al 3 % -el 5 % en casos excepcionales-, frente al 15 % que rige en la actualidad.

De igual manera, Martínez dio a conocer algunos ajustes que, según aseveró, garantizarán que las instituciones públicas puedan sujetarse a techos presupuestarios, de manera que cada ministerio "pueda arreglarse dentro de sus (propios) recursos".

Por último, resaltó las políticas de igualdad que lleva adelante el Gobierno para garantizar la cobertura social a los más vulnerables.

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