Santiago Zeas.
Corresponsal en Bogotá
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La legalidad y transparencia en el trámite del referendo reeleccionista en Colombia están en entredicho.
Una serie de medidas judiciales contra congresistas oficialistas, así como la aparición de nuevas denuncias de irregularidades en su trámite, deslegitima un proceso que el gobierno de Álvaro Uribe insiste en aprobar en la Cámara Baja de Representantes.
Si el lunes el escándalo de la ‘parapolítica’ devino en la detención del diputado Eulises Torres –quien comprometió su voto por el referendo-, la Corte Suprema ordenó ayer la prisión del senador oficialista Alirio Villamizar.
Según la Justicia colombiana, Villamizar aparentemente recibió favores del Gobierno a cambio de su voto para que el Senado dé paso al referendo. Hace dos semanas Villamizar participó en la sesión de la Cámara Alta del Congreso en la que se aprobó el texto de la consulta popular, que abre la puerta un tercer período presidencial de Uribe.
Entre las pruebas que la Corte esgrime en contra de Villamizar está el hallazgo de 730 millones de pesos en su domicilio ubicado en Bucaramanga, al norte de Colombia. Por esa causa, el Alto Tribunal dispuso su captura para que explique el origen de esos fondos, encontrados durante el allanamiento de su domicilio.
Según las investigaciones, Villamizar recibió dos notarías a cambio de brindar su respaldo al proyecto reeleccionistas de Uribe.
En paralelo, la Cámara Baja del Congreso colombiano fue escenario ayer de un ‘cambio de camiseta’ de cinco legisladores. Ángel Cabrera, Violeta Niño, Ignacio Bermúdez, Felipe Barrios y Fabián Orozco decidieron dejar el Partido Cambio Radical –opositor al referendo- y actuar con el oficialista Partido de la Unidad.
De hecho, al reinstalarse, la mañana de ayer, la sesión de la Cámara Baja para aprobar el referendo, gobiernistas y opositores protagonizaron un tenso debate alrededor del ‘camisetazo’ de los cinco diputados.
El Partido Cambio Radical solicitó al Plenario que castigue la conducta de los cinco diputados y les impida votar. Pero Luis Carlos Restrepo, titular de la Cámara de Representantes, negó esa solicitud y autorizó a los cinco legisladores a participar de la sesión, sin perder su derecho al voto.
Antes de debatir el texto del referéndum, el Pleno de la Cámara Baja continuó con el trámite de habilitar, uno por uno, a 40 legisladores que se habían declarado impedidos de participar en la sesión. Ese grupo de diputados es investigado por prevaricato por la Suprema, ya que en diciembre apoyó la fase inicial del referendo sin la certificación de los gastos en la recolección de firmas que dieron inicio al proceso.
Ayer se tenía previsto debatir y votar el texto del referendo. Según el Gobierno, tiene 90 votos (84 son suficientes) para dar paso a la consulta popular que viabilizaría la candidatura de Uribe en las presidenciales de 2010.