En el Colegio Jesús de Nazareth, en el sur de Quito, se han realizado acuerdos de pago con los padres de familia. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
En Quito, para el año lectivo 2016-2017, 11 168 estudiantes dejarán el sistema privado y pasarán al público. Estos cambios representan el 1,7% del alumnado total, si se toman como referencia las cifras del ciclo que terminó.
El número puede aumentar hasta septiembre de este año, al terminar el proceso de matrículas en el régimen Sierra.
La cifra es un 25% mayor al número de estudiantes que migró al sistema público en el año lectivo previo, cuando se registraron
8 930 cambios. Todo según datos de la Subsecretaría de Educación de la Zona 9, de la capital.
¿Cuáles son las razones para estos traslados de establecimientos particulares a fiscales o estatales? Además de la ampliación y mejora de la oferta educativa pública se evidencian problemas económicos de los representantes estudiantiles.
Varias historias se escuchan en los planteles. Así, por ejemplo, la empresa en donde trabajaba Carlos Granja como supervisor cerró hace cinco meses. Con el dinero de la indemnización pagó deudas y ahorró para los pasajes y la comida. Es cauteloso y no sabe cuánto tiempo estará desempleado. Él tenía a sus dos hijos en el Colegio San Andrés, en el centro de Quito, y pagaba una pensión de USD 93, por cada uno.
En los establecimientos privados señalan que las carteras por cobrar son una carga. El porcentaje de representantes con problemas económicos fue del 25%, según cifras de la Corporación para la Calidad de la Educación, entidad en la que están 18 instituciones privadas en la Sierra, cuyas pensiones oscilan entre los USD 500 y 995. En Quito hay 1 040.
El presidente de esta agrupación, Andrés Rodríguez, mencionó que la cifra superó en 10% a la del año anterior. No precisó montos, pero aclaró que contrataron a un grupo de abogados para empezar con el proceso de cobro. Las instituciones, en su mayoría, hicieron que los representantes firmen contratos por los servicios educativos prestados. Es un acuerdo entre las partes, en el que el padre se compromete al pago. Es una herramienta legal para exigir el desembolso de pensiones atrasadas.
Rodríguez también es directivo de la Unidad Educativa Isaac Newton. Ahí respetan el Reglamento a la Ley de Educación Intercultural, en el que se prohíbe conculcar el derecho a la educación por atraso o falta de pago. También se prohíbe retener los pases de año.
Al hablar con representantes, las autoridades de las instituciones escuchan estos argumentos: que son proveedores del Estado y que están impagos. Otros son profesionales de libre ejercicio en apuros. Y también hay personas que acostumbran mover a sus hijos de una institución a otra, sin honrar las deudas.
En los últimos años se evidencia una disminución de estudiantes en la educación privada. En el ciclo lectivo 2013-2014 hubo 227 455 alumnos y en el ciclo lectivo que terminó se matricularon 210 463.
El Gobierno ha resaltado en ocasiones anteriores que los padres optan por la educación fiscal que se ha visto fortalecida por inversión económica. Al tener una opción gratuita con calidad, abandonan centros de educación privada.
Yolanda J., tenía a tres de sus hijos en la Unidad Educativa Borja Montserrat, cuya pensión era USD 98, por cada uno. El ingreso que le deja su negocio de lavandería en seco no le permite costear escuelas privadas y se cambió.
En el Colegio San Andrés hay 34 estudiantes, cuyos padres no cancelan la pensión, de un total de 715. Jorge González, rector, indicó que dos de ellos deben desde octubre; es decir, solo cancelaron un mes. La cartera por cobrar asciende a USD 15 000.
González es presidente de la Confederación de Establecimientos de Educación Católica. Dice que el problema es general y no encuentran la fórmula para cobrar deudas.
En el Colegio Jesús de Nazareth, también afectado por la mora en los pagos, hicieron acuerdos de pago con los representantes para evitar que los chicos dejen el establecimiento.
Las autoridades de los colegios recordaron que deben pagar servicios básicos y salarios y quisieran que el Ministerio de Educación establezca un mecanismo adicional para garantizar la cancelación de deudas. Pero esa no es su función.
En contexto
El porcentaje de estudiantes que están impagos en los colegios aumentó a un 25%, según las autoridades de los establecimientos privados. Piden al Ministerio de Educación crear mecanismos adicionales para facilitar el cobro a los padres de familia.
