20 de julio de 2020 22:18

Gabriela: 'Puedo perder un anticipo de USD 5 000 de no continuar con el crédito de vivienda que solicité'

Las personas que iniciaron los trámites de compra o financiamiento para adquirir viviendas han sido afectados por la emergencia sanitaria causada ante la pandemia. Fotos: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Las personas que iniciaron los trámites de compra o financiamiento para adquirir viviendas han sido afectados por la emergencia sanitaria causada ante la pandemia. Fotos: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

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Giovanni Astudillo
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Han sido cinco meses de tensión para la cuencana Gabriela, quien no quiso dar su apellido, y labora como empleada pública. En febrero de 2020 decidió adquirir un departamento de más de 90 metros cuadrados, ubicado en la zona de El Ejido, en el centro-sur de la capital azuaya. Tiene un costo de USD 80 000.

El 2 de marzo de 2020 firmó una promesa de compra-venta y entregó USD 5 000 para separar el inmueble. En el documento se estableció una multa de USD 10 000, en el caso de que cualquiera de las partes incumpla con los acuerdos.

Para entonces ya había iniciado el trámite en el Biess para acceder a un crédito de USD 70 000. Su familia le ofreció los otros USD 5 000 que le faltaban.

“Pero los vendedores no entregaron a tiempo los documentos que pedía el Biess. Una vez que se decretó la emergencia sanitaria, ellos quisieron darlos, pero todo se paralizó”, cuenta Gabriela.

Semanas después la situación se complicó por el anuncio de los despidos o reducción de salarios. Su temor era de perder su empleo o no poder pagar el préstamo. Ella habló con los constructores, pero no llegaron a un acuerdo. Consultó con cinco abogados para saber cómo podía desistir del negocio. Unos le daban esperanza y otros le dijeron que perdería el anticipo y debía pagar la multa. “Puedo perder un anticipo de USD 5 000 de no continuar con el crédito de vivienda que solicité”, dijo.

El representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, Jaime Rumbea, dice que, si bien no se han reportado una gran cantidad de casos similares, hay personas con problemas porque -antes del inicio de la pandemia- hicieron una promesa de compra-venta o hipotecaron las propiedades y solo esperaban el desembolso. Algunos perdieron sus empleos o ganan menos.

Rumbea explica la situación. Según él, el sector inmobiliario tuvo una paralización diferente porque su flujo inevitablemente depende del funcionamiento de las las notarías, municipios y registros de la propiedad, que estuvieron cerradas.

Los procesos de compra y venta de inmuebles se han paralizado por la pandemia del coid-19. Fotos: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Los procesos de compra y venta de inmuebles se han paralizado por la pandemia del coid-19. Fotos: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO


Por lo general, el flujo de transferencia de un bien dura entre tres a cinco meses, dice Rumbea. Es decir, se requieren del perito, institución financiera, notaria, registro de la propiedad, pago de tasas e impuestos y firma de tabla de amortización para recibir el dinero.

“Una casa que se estaba negociando el 15 de enero, cuando la documentación llegó al registro de la propiedad ya era el 15 de marzo y ese trámite se quedó paralizado. Peor las rezagadas”.

Hubo casos en que algunos habían firmado e, incluso, hasta inscrita la hipoteca. Cuando las actividades empezaron a normalizarse en mayo de 2020, dice Rumbea, todas las instituciones financieras privadas y públicas realizaron otra evaluación de las nuevas condiciones de sus clientes como paso previo al desembolso.

Rumbea plantea algunos escenarios. El primero es de las personas que se quedaron sin trabajo y su trámite no se inscribió en el registro de la propiedad, “pueden desistir de su compra e hipoteca”.

Pero si ya inscribió la hipoteca, agregó, se requiere de un proceso judicial para deshacer el negocio. “Es un problema grave porque tengo una casa por la que no me van a pagar y necesito liberarla para ofertarla otra vez”.

El tercer escenario es si se reduce la capacidad de endeudamiento, dice Rumbea. En esta situación, “se deben salvar los créditos ya sea con más plazo, nuevas cuotas o analizar si el promotor puede dar el financiamiento directo para no tener que devolver el dinero al cliente en un contexto económico como el actual”.

Gabriela prefirió seguir con el trámite porque no llegó a un acuerdo con los constructores y no quiere iniciar un juicio. Pero, ahora, el trámite en el Biess es lento. Tras un mes de espera, hace una semana hicieron el avalúo del departamento y sus documentos están en un estudio jurídico. “No hay respuesta. Si me niegan el crédito o me quieren dar menos, tengo que acudir a un abogado”. Aún no le han reducido el salario, pero hay incertidumbre en su institución.

El Biess señaló la semana anterior que reactivó la entrega de nuevos hipotecarios que se frenaron en la pandemia, pero bajo un análisis, caso por caso, de la capacidad de pago de los afiliados que presentaron esas solicitudes.

“La disposición de la Gerencia es tener cuidado en la aprobación porque si la capacidad de pago del afiliado ha mermado le estaríamos haciendo un daño entregando un crédito como estaba previsto antes de la pandemia”, dijo el gerente de la entidad, Diego Burneo.

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