11 de octubre de 2019 00:00

Siete detenidos y 12 soldados heridos, tras ataque a cuartel de La Balvina

Un grupo de militares custodia el ingreso al fuerte militar, en el sector de La Balbina. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Un grupo de militares custodia el ingreso al fuerte militar, en el sector de La Balvina. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Los disturbios que la noche del miércoles 9 de octubre del 2019 se produjeron en los exteriores del cuartel militar de La Balvina, en las periferias de Quito, dejaron siete personas detenidas. Este hecho provocó conmoción en los moradores. Este jueves 10 de octubre, este Diario volvió al lugar y habló con los vecinos, quienes recordaron que todo comenzó a las 15:00, cuando se enteraron que el presidente Lenín Moreno se encontraba allí luego de regresar de la ciudad de Guayaquil.

Inicialmente, las protestas eran pacíficas, pero en la noche llegaron desconocidos y comenzó el ataque violento.

Quienes vieron lo que sucedió dijeron que los militares lanzaron gas lacrimógeno y dispararon perdigones. Esto hizo que todos se dispesaran.

Pero antes, los manifestantes habían roto una columna de cemento de una casa en construcción y lanzaron piedras y palos a los soldados.

Un vecino aseguró que en el patio de su casa había 15 residuos de bombas. Otra moradora dijo que los soldados lanzaron un gas a la ventana del cuarto de sus dos hijos pequeños. “Casi se asfixian mis niños”, aseguró la madre.

Según el personal militar, 12 soldados resultaron heridos.

Actualmente se encuentran estables de salud.

Entre los manifestantes también hubo personas afectadas. Un joven fue trasladado a un hospital, pues recibió el impacto del gas en su rostro.

Un vecino, que vive junto al recinto militar indicó que al percibir el gas entró a su casa para sacar a sus hijos de 6 y 4 años. “Mi hija tiene discapacidad y no puede caminar. Tuve que cargarla en brazos y nos lanzamos al río para evacuar”.

Un jefe militar contó que el personal reaccionó así “por la actitud violenta de los protestantes”. Dijo que no se trataba de población común sino de “delincuentes infiltrados”.

EL COMERCIO acudió la noche del miércoles al sector del incidente. Había alrededor de 500 soldados equipados con kits antimotines (cascos, chalecos y escudos).

Apagaron la quema de basura y llantas que los protestantes prendieron para bloquear las principales vías de acceso al fuerte militar.

Además, pedían a la gente que estaba en la calle que ingresaran a sus casas. Les recordaban que el país se encuentra en estado de excepción desde el pasado 3 de octubre.

Esta medida fue adoptada por el Primer Mandatario, tras el paro nacional y las manifestaciones violentas que se han producido en contra de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, especialmente por la eliminación del subsidio a los combustibles.

Los militares tardaron dos horas en controlar los disturbios, en las afueras del recinto. Luego de que se retiraron, aproximadamente a las 23:00, aparecieron en la calle principal cinco encapuchados que tenían palos y bates. Ellos se dispersaron por los callejones.

Este jueves, la base militar amaneció cercada. En las dos entradas, personal de las FF.AA. colocó alambres de púas, troncos y llantas. Los soldados indicaron que la idea es evitar que se produjeran nuevos altercados.

De hecho, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado sobre los hechos ocurridos en el cuartel de La Balvina.

En el escrito se advirtió que los repartos militares del país son áreas de seguridad del Estado y por eso el personal uniformado tiene “la facultad de hacer uso progresivo de la fuerza contra cualquier persona que busque introducirse injustificadamente en estas zonas” y también que pueden iniciar acciones penales.

Además, en ese documento público se detalló que “hubo grupos irresponsables y ciudadanos con intereses desestabilizadores que incitaron a la violencia”. Las FF.AA. dijeron que fue falso el hecho de que el Presidente de la República se encontrara en ese lugar.

“Iniciamos las acciones para identificar y localizar a quienes divulguen mensajes de incitación al odio o la sublevación”, señaló el comunicado.

El miércoles, desde Samborondón, Guayas, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el Jefe de Estado viajará a la capital para monitorear las marchas sindicales e indígenas que se desarrollaron en el Centro Histórico.

“En unos minutos nos trasladaremos a Quito para acompañar al Presidente a monitorear las marchas, pues hay mayor riesgo de incidentes”, dijo la Secretaria de Estado.

Cristian, hermano de uno de los detenidos, señaló que “fue injusta la aprehensión de su pariente, pues ya se encontraba en su domicilio”.

Los militares entregaron a los capturados a la Policía. Luego fueron llevados a la Unidad de Flagrancia, en Quito, para ser judicializados.

Cristian se dirigió a esa oficina judicial para conocer en qué condiciones se encuentra su familiar. Aseguró que su hermano no agredió a un soldado ni ingresó al cuartel .

Otro morador reiteró que “al inicio de la protesta estábamos solo vecinos del barrio y gritábamos consignas.

Los soldados aseguraron que la idea de los desconocidos era “ingresar y causar daño en las instalaciones”. Por eso ejecutaron un plan de defensa para dar seguridad al campamento. “No hubo afectaciones materiales y tampoco entraron”. Las autoridades recordaron que actualmente rige un toque de queda a escala nacional.

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