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Presidenta del CNE solicitó la destitución del Juez que suspendió la consulta popular en Quimsacocha

El Pleno del CNE, inicialmente, solicitó a Ribadeneira que revoque las medidas cautelares. Pero al no haber una respuesta, se decidió solicitar su destitución al Tribunal Contencioso.

El Pleno del CNE, inicialmente, solicitó a Ribadeneira que revoque las medidas cautelares. Pero al no haber una respuesta, se decidió solicitar su destitución al Tribunal Contencioso.

El Pleno del CNE, inicialmente, solicitó a Ribadeneira que revoque las medidas cautelares. Pero al no haber una respuesta, se decidió solicitar su destitución al Tribunal Contencioso. Foto: Archivo EL COMERCIO

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se destituya al Juez Vicente Ribadeneira, de la Unidad de Medidas de Protección y Desestimaciones.

Él fue quien aceptó las medidas cautelares para suspender momentáneamente la consulta popular sobre la explotación minera en Quimsacocha, Azuay.

La noche de este jueves, 14 de marzo del 2019, se confirmó que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE pidió al presidente del TCE, Joaquín Viteri Llanga, la destitución del magistrado, por interferir en un proceso electoral en marcha.

El Pleno del CNE, inicialmente, solicitó a Ribadeneira que revoque las medidas cautelares. Pero al no haber una respuesta, se decidió solicitar su destitución al Tribunal Contencioso.

En el oficio se advierte que el TCE ya negó un recurso de apelación que buscaba impedir la realización del plebiscito. A criterio de la Presidenta del CNE, esa fue una sentencia de última instancia.

La solicitud de medidas cautelares fue interpuesta por tres integrantes del colectivo Unidos por el Desarrollo de los Cantones Girón y San Fernando. En el texto de la resolución adoptada por Ribadeneira, se sostiene que se verificó la existencia de un “riesgo inminente de violación a la seguridad jurídica del Colectivo”.

El magistrado dispuso suspender la consulta popular hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) respecto al proceso o hasta que esa instancia certifique que ha transcurrido el tiempo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para considerar que existe un “dictamen ficto”.

El CNE destinó USD 34 594 para organizar el proceso electoral en Girón. En total, 15 363 electores están empadronados para responder a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?

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