Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. En la foto, del 3 de octubre pasado, se observa la división entre el barrio San Isidro (der) y una villa de escasos recursos en Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE
En el país más pobre de América, las cosas pueden ponerse peor. Cada día aumenta la escasez de combustible, los hospitales cerraron o redujeron los servicios, el transporte público está interrumpido, hay empresas que dejaron de operar, hubo despidos y la mayoría de escuelas no abre desde inicios de septiembre pasado.
Así está la situación en Haití, donde muchos ciudadanos con los medios para huir se han marchado, mientras que aquellos que se quedaron tratan de averiguar dónde conseguir sus siguientes comidas, escribió el viernes pasado Kirk Semple, en The New York Times.
La crisis lleva más de un año, pero el mes pasado se desataron violentas protestas en respuesta al llamado de la oposición y de activistas anticorrupción que piden la renuncia del presidente Jovenel Moise.
En la ciudad de Les Cayes, los manifestantes incendiaron una estación de policía y saquearon la oficina local de la compañía eléctrica nacional.
Si se quiere encontrar un punto de partida a las recientes protestas violentas en la región hay que regresar a ver a Haití, para luego mirar lo que pasó en Ecuador, en un contexto diferente, y más tarde en Chile, donde las protestas seguían hasta el viernes pasado.
Las explicaciones a esta furia descontrolada tienen como común denominador a la desigualdad y a la falta de oportunidades. Aunque las razones de las protestas son complejas y variadas hay pautas comunes tales como “poblaciones hartas y enfadadas por las condiciones socioeconómicas, la corrupción, la desigualdad y el aumento de la brecha ricos-pobres, dijo el viernes pasado Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Pero también es necesario analizar las implicaciones del gran cambio en la estructura social de Latinoamérica, donde 140 millones de personas salieron de la pobreza en el período 2003- 2018, y unos 90 millones subieron a una clase media consumista, señala Augusto de la Torre, execonomista jefe para América Latina del Banco Mundial.
“La mayoría de latinos (40%) ya no son pobres pero tampoco son clase media: son ‘vulnerables’. Me parece que el gran descontento y la bronca reprimida está en los vulnerables y la clase media baja, a quienes no les llegan servicios públicos básicos de calidad: salud, educación, pensiones, seguridad en la ciudad”. Ellos tampoco acceden a los programas asistenciales de los gobiernos, es decir, a las transferencias monetarias como el Bono de Desarrollo Humano, en Ecuador.
En este sentido, la falta de equidad y de oportunidades son dos cosas distintas pero relacionadas, y ambas generan un desencanto social. Por un lado, la desigualdad del ingreso refleja cómo está distribuida la riqueza en una sociedad (ver infografía), mientras que la desigualdad de oportunidades está asociada a la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, pensiones, transporte, justicia, etc.
Las protestas y las crisis políticas en distintos países de la región también obedecen a que en la última década, después de la crisis subprime (2008) y de un sostenido crecimiento económico, a los gobiernos se les olvidó que lo más importante era desmantelar las desigualdades. Se creyó que bastaba con disminuir la pobreza, pero los pueblos empiezan a exigir garantías sociales. Y lo hacen en sociedades mucho más abiertas, educadas, con aumentos de la clase media, más información, más capacidad de organizarse, señaló a la BBC Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro.
La diferencia entre los países desarrollados y el resto radica en el sistema de protección social, añade Roberto Salazar, presidente de la consultora Hexagon Group, con sede en Santiago de Chile. Ante la ola de protestas en este país, él asegura que las medidas que mejoren la protección social de los jubilados o que reduzcan los costos de educación van en la dirección correcta. Y cree que Chile tiene la institucionalidad para llevar adelante esos cambios dentro de una economía social de mercado.
Pero James Robinson, coautor del libro ‘Por qué fracasan los países’, explicó que en Chile se necesitará de un nuevo pacto social para lograr mayor inclusión social, sobre todo en educación. En la actualidad, el origen social es determinante a la hora de evaluar los resultados de la educación que una persona reciba. “La gente que fue a colegios de élite obtiene un retorno muy alto de la educación universitaria, pero la que fue a instituciones diferentes no. Aunque vayas a las mismas universidades no obtendrás las mismas oportunidades”, dijo al diario La Tercera.
Si bien los problemas de fondo de la región tienen su origen en la desigualdad, la Secretaría General de la OEA sostiene que las dictaduras bolivariana y cubana están buscando reposicionarse en la región a través del apoyo y la promoción del conflicto político y social.
Bajo este escenario, el reto para los países democráticos de la región será no solo superar las desigualdades, sino hacerlo en medio de una estrategia de desestabilización a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales.