2 de septiembre de 2018 00:00

100 denuncias de persecución en la Judicatura

Paúl Jácome asistió el jueves de esta semana a la Mesa de la Verdad, en el Consejo de la Judicatura. Foto: Alejandro Bautista / EL CoMERCIO

Paúl Jácome asistió el jueves de esta semana a la Mesa de la Verdad, en el Consejo de la Judicatura. Foto: Alejandro Bautista / EL CoMERCIO

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Redacción Seguridad
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Uno de los objetivos de la Judicatura es desmontar “los patrones de persecución judicial”. La entidad confirma que en el anterior Gobierno se usó a la justicia para perseguir a líderes políticos, activistas y comunicadores. Con ese propósito se creó la Mesa de la Verdad y la Justicia, el 21 de agosto.

Angélica Porras, vocal de la Judicatura, detalla que este proceso tiene una metodología para determinar quiénes sí fueron perseguidos políticamente. El esquema presenta cuatro parámetros.

El primero es que la persona sea crítica o se haya diferenciado políticamente del régimen anterior. El segundo es que el caso haya llegado a los tribunales. El tercero tiene que ver con el tiempo que duró un proceso.

Por ejemplo, hay juicios que tardaron más de cinco años en resolverse y otros obtuvieron sentencia en 10 días.

El cuarto punto que la Judicatura tomará en cuenta es el daño que se causó al procesado o a su familia.

En los primeros 12 días de trabajo, la Mesa ha recibido 100 casos. Estos tienen que ver con delitos como sabotaje, terrorismo, ataque y resistencia, etc.

Uno de estos es el de Juan Carlos Robalino, un oficial de la FAE. Él fue acusado por sabotaje y terrorismo, tras la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Él cuenta que ese día estuvo en la Recoleta, en el centro de Quito. “Reclamábamos, porque querían quitar las condecoraciones y promociones”.

Según el oficial, las pruebas que la Fiscalía presentó en su contra son fotos que confirman su presencia durante la protesta. “Mas las fotografías no grafican que yo haya cometido algún delito”.

Tras ser acusado, pidió la baja en el 2013 porque se sentía acosado en la institución. Además, los problemas hicieron que se separara de su esposa y tuvo que seguir un juicio para ver a su hija menor.

Cuenta que desde que salió de la Fuerza Aérea no consigue trabajo estable. Hace cinco años ganó un puesto como asesor en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, pero debido al juicio que enfrentaba no pudo volver a trabajar para el Estado.

Luego de analizar cada caso se elaborarán informes que determinen si existieron jueces o fiscales que actuaron indebidamente en los procesos.

Los documentos servirán para que el ente judicial sancione de manera administrativa (no penal ni civil), a quienes incurrieron en irregularidades.
“Para ellos el castigo podría ir desde la suspensión hasta la destitución”.

Luego, la Judicatura emitirá recomendaciones dirigidas a la Asamblea, la Corte Nacional o el Ejecutivo. Pero los informes serán herramientas para que las víctimas sigan los debidos procesos contra los entes que los hayan perjudicado.

La Mesa de la Verdad también recibió el caso de Los 10 de Luluncoto. Fadua Tapia fue detenida y acusada de atentar contra la seguridad del Estado, en marzo del 2012.

En ese tiempo tenía cuatro meses de gestación. El resto de su embarazo lo cumplió bajo arresto domiciliario.

Cuenta que, incluso, después de que el proceso en su contra finalizó fue llevada dos veces a la Policía Judicial, porque la boleta de captura seguía activa. No sabe si fue un error o si un juez decidió no retirar la orden de aprehensión.

A Paúl Jácome se le enjuició por agresión terrorista en el caso conocido como Los Tres de Cotopaxi. Recuerda que el 30 de septiembre del 2010, participó en una marcha contra las reformas del Gobierno.

Tras las protestas, fue acusado de 55 tipos penales, luego la Fiscalía le redujo a 25 delitos.

Tuvo que cumplir un año de prisión en la antigua cárcel de Latacunga. “En la cárcel aprendí a hacer poesía”.

Cuando recuperó su libertad pensó que podía volver al sector público. Pues antes del 30-S fue asambleísta alterno por Cotopaxi, con el MPD, pero no.
Los vocales de la Judicatura esperan que el informe sobre todos los casos que lleguen esté listo hasta diciembre.

Hasta el 17 de septiembre, la Judicatura recibirá a quienes se sientan afectados y perseguidos políticamente.

La entidad creó un formulario para que los usuarios escriban sus datos y llenen con la información relevante del hecho. A este documento se adjuntarán las pruebas que tengan.

En Contexto

Tras el 30-S, los procesados y sus familias crearon una asociación. El lunes pasado, los integrantes solicitaron a la Contraloría que se auditen las cuentas de la Secretaría de Inteligencia para determinar si se destinó dinero público para perseguirlos.

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