27 de enero de 2019 00:00

Defensora del Pueblo: ‘La exigencia del pasado judicial es inconstitucional’

Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Gina Benavides Llerena, defensora del pueblo (encargada). Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Jorge R. Imbaquingo

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¿Por qué ocurrió la ola de violencia luego del asesinato de Diana, en Ibarra?

Si bien hubo un acto de violencia contra una mujer, luego apareció el tema de la nacionalidad del agresor; y para mi forma de ver fue exacerbado por el tratamiento que se dio por parte del Gobierno.De lo que fui indagando, la respuesta es que la gente se sentía inconforme. Las personas venezolanas trabajan por menos; eso desplaza la mano de obra en Ibarra. Los taxistas se sentían perjudicados. En los recorridos de esa noche, muchos de los atacantes eran taxistas porque los dueños de carros tienen choferes venezolanos que aceptan lo que les den. Había disputas, procesos no trabajados que en un momento determinado brotan y se legitiman, porque el Gobierno dijo: voy a sacar brigadas para que controlen a la población venezolana. La respuesta fue esa. Esto sucedió por la falta de percepción y de actuación oportuna de las autoridades para enfrentar los conflictos.

¿Se pudo prevenir?

Sí. Cuando se empezó a sentir que teníamos este flujo de personas venezolanas, era importante que los gobiernos nacional y locales articularan políticas para establecer procesos de integración, ir detectando dónde están esos problemas y, a partir de esos diagnósticos, decir aquí vamos a tener un foco de conflicto con la población local.

Ahora se refuerzan los requisitos migratorios al pedir el pasado judicial...

Aquí quien cometió el delito efectivamente fue un venezolano, esa es la nacionalidad de esa persona. Y por ello se está juzgando ahora a todo un colectivo, y se dice: todos los venezolanos son posibles delincuentes, por lo que tienen que demostrar que no lo son y presentar el pasado judicial. Eso genera un prejuicio, un estigma que es contrario a los derechos humanos.

¿Solucionará algo pedir el pasado judicial?

No. Y pregunto: ¿El pasado judicial va a solucionar los delitos? Una persona que tiene pasado judicial y llega a la frontera y le dicen no le dejamos pasar, va a dar la media vuelta y va a entrar, porque en este país hay muchas formas de hacerlo. ¿No es mejor tenerle registrada a la persona y con nombres y apellidos? La medida puede generar irregularidad, y ahí el Estado ni siquiera va a saber quiénes están.

¿Es inconstitucional?

Sí. Es una medida que el Estado ya utilizó en el Gobierno de Rafael Correa, cuando emitió el Decreto 1471 en el 2010, que decía que las personas de nacionalidad colombiana tenían que presentar el pasado judicial. La Corte Constitucional se demoró hasta el 2017, pero dijo que la medida, al estar dirigida a un grupo específico, es discriminatoria, atenta contra el artículo 11 numeral 2 de la Constitución.

Ya hubo una demanda, ¿qué se resolvió?

Suspender la medida de exigir el pasaporte para el ingreso de personas venezolanas. Con las mismas consideraciones que ahora se dan para pedir el pasado judicial se crea una discriminación, un trato diferenciado entre otras nacionalidades. La jueza dijo que sí había un factor de discriminación y dijo vamos a suspender la medida hasta que usted, Estado, tenga un plan para el tratamiento del flujo inusual de personas venezolanas, que tenga enfoque de derechos humanos. El Estado presentó el plan, con políticas para cada una de estas etapas. A partir de eso la jueza dijo ya no hay medidas cautelares desde noviembre del año pasado, y después de eso se empezó a implementar el plan. Es un plan que va hasta septiembre del 2019, que facilita visas humanitarias.

¿Pero si se les pide el pasado judicial, se trastoca ese plan presentado por el Estado?


Claro. Por eso hacía un llamado al Gobierno, para que tome en consideración la sentencia de inconstitucionalidad que hay y que revisen su propio plan, que dice que las medidas de control de ingreso de personas se tienen que ajustar a los estándares de derechos humanos, es decir, que no se puede discriminar.

¿Pondrán una nueva medida cautelar?

Es un acuerdo con visos de inconstitucionalidad. No podríamos poner la medida cautelar, lo que cabría es una demanda de inconstitucionalidad. Es potestad del Estado regular la política migratoria, lo que nosotros le recordamos al Estado es que cualquier medida tiene que ser ajustada al marco constitucional y que respete los derechos humanos. Consideramos que no se trata solo de un debate jurídico, porque hay necesidad de hacer un fuerte trabajo en política pública, no podemos creer que la solución es decir no voy a dejar entrar a personas venezolanas. Yo pregunto: ¿qué se va a hacer para que en este país haya políticas financiadas, políticas efectivas para erradicar la violencia contra la mujer? ¿Qué se va a hacer para integrar a la población extranjera para que no surjan conflictos de relación?

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