22 de junio de 2019 00:00

Defensa de Ola Bini alista acciones legales

Ola Bini llegó la tarde de ayer a la Fiscalía General del Estado para presentarse ante una autoridad judicial. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Ola Bini llegó la tarde de ayer a la Fiscalía General del Estado para presentarse ante una autoridad judicial. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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Un poco antes de las 16:00 de este viernes 21 de junio del 2019, el ciudadano sueco Ola Bini arribó a la Fiscalía General del Estado, en Quito, y se presentó ante las autoridades. Esa fue una de las órdenes que el Tribunal de la Corte de Pichincha le interpuso a cambio de dejarlo en libertad.

Bini, quien también tiene una prohibición de salida del país, llegó vestido de negro, junto a su abogado Carlos Soria.

“Soy inocente. No he vulnerado sistemas informáticos en el país”, dijo. Ese fue el principal señalamiento del Gobierno desde el 11 de abril, cuando el extranjero fuera capturado en el aeropuerto de Tababela.

Después de registrase el arresto, la ministra del Interior, María Paula Romo, se presentó públicamente y aseguró que tienen “evidencias suficientes” para comprobar que Bini “ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno”.

Patricio Vaca, uno de los dos jueces que aceptó el hábeas corpus a favor del informático, dijo que el recurso fue concedido porque en la detención se registraron arbitrariedades.

Por eso, la defensa prepara acciones legales “en contra de todas las autoridades que estuvieron involucradas en la detención ilegal”.

Habló de los policías, del fiscal y de la jueza del caso.

De hecho, en la audiencia para imputar cargos, que se desarrolló tras el arresto en abril, la Fiscalía citó la cadena del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre la terminación del asilo diplomático a Julián Assange, la rueda de prensa de Romo y una llamada al número 1800-Delito, en la que se advertía que “un ciudadano ruso que se dirigía a Tababela”.

El 2 de mayo, el fiscal Édgar Chávez volvió a citar esos elementos y un Tribunal Penal negó al libertad del procesado.

Este viernes, Bini reconoció ser amigo de Assange, pero insistió en que no cometió ilegalidades.

Este Diario consultó a Romo sobre el tema y aseguró lo siguiente: “No nos corresponde pronunciarnos en ningún sentido. El caso lo lleva la Fiscalía y lo resuelven los jueces. Confío en que las pruebas que se obtengan y expongan en el proceso penal confirmarán nuestras sospechas sobre la comisión de delitos”.

La investigación de este caso se cerrará el 13 julio. Solo después de esa fecha se sabrá si es llamado o no a juicio.

Los abogados de Bini aseguraron que no hay pruebas, “pero sí irregularidades” en la captura: fue detenido a las 15:00, pero la orden de detención se dictó siete horas después. Además, indicaron que su defendido es sueco y no ruso, como aparece en el parte. “Solo después que estuvo detenido una hora pudo tomar contacto con sus familiares y con los abogados”.

Uno de los indicios de la Fiscalía es que el procesado pagaba cada mes USD 230 000 por Internet. La defensa aseguró que su cliente pagaba USD 4 883 mensuales y que ese valor estaba dividido entre equipamiento, climatización, energía eléctrica, el ordenador y servicio de Internet de 10 megas. Este detalle de gastos consta en el expediente.

Con este tipo de datos se defenderán en las posteriores audiencias judiciales, a las que serán convocados.

Tras conocer la liberación, la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) también se pronunció y dijo que es “una decisión ajustada a los estándares internacionales”.

Algunos hechos relacionados a este caso 

11/04/2019

A las 15:00 fue detenido Ola Bini en el aeropuerto de Quito, mientras se dirigía a Japón a un evento de artes marciales. Los agentes lo interceptaron en una de las salas.

02/05/2019
El Tribunal ratificó la prisión preventiva por supuestos ataques informáticos. Los abogados del extranjero consideraron que era una medida desproporcionada.

30/05/2019
La jueza Yadira Proaño negó la caución (fianza), pues aseguró que la Fiscalía todavía no determinaba quiénes eran las víctimas por el supuesto delito que se le imputa.

20/06/2019

El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó el hábeas corpus y se levantó la prisión preventiva. En su lugar se dictaron otras medidas cautelares.

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