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Alexandra Quintanilla, viceprefecta del Azuay, está en medio de las críticas tras protagonizar una detención por conducir bajo efectos del alcohol este fin de semana.
La detención de la viceprefecta en Cuenca ocurrió durante un operativo de control ejecutado por la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV), la madrugada del 28 de febrero de 2026.
El procedimiento se realizó a las 00:42, en las calles Bajada de Todos Santos y Paseo 3 de Noviembre. Según recoge el parte policial, los agentes detectaron aliento a licor en Quintanilla cuando le solicitaron su licencia y matrícula.
Los personeros le pidieron que se someta a la prueba de alcohotest, sin embargo, supuestamente la autoridad no colaboró e intentó dar otros datos personales.
El informe de tránsito señala que Quintanilla presentó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladada al Hospital José Carrasgo Arteaga. Los reportes señalan que la viceprefecta tampoco quiso descender del vehículo, por lo que necesario el apoyo de la Policía Nacional para continuar con el procedimiento.
Este domingo 1 de marzo se conoció en medios locales que una jueza de la Unidad Judicial Especializada en Tránsito de Cuenca declaró culpable a Alexandra Quintanilla por la contravención de conducir en estado de embriaguez.
La resolución se basó en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La jueza dispuso 30 días de privación de libertad. Además, deberá pagar una multa de tres salarios básicos unificados (1 446 dólares) y la suspensión de la licencia por 60 días.
Estas medidas se aplicarán luego que la funcionaria pública se reponga médicamente.
La Prefectura del Azuay emitió un comunicado en el que aclaró que el hecho no corresponde a un asunto institucional ni involucra bienes públicos.
El prefecto Jota Lloret Valdivieso se distanció del hecho y afirmó que “la ley se aplica por igual a todas las personas”. El funcionario indicó que el tema es de carácter personal y que deberá resolverse en el ámbito judicial.
Lloret y Quintanilla pertenecen al movimiento Revolución Ciudadana, pero la Prefectura enfatizó que el proceso no guarda relación con el ejercicio de sus funciones.
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