El río Daule se ha convertido en el centro de una controversia que enfrenta al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la ministra de Ambiente, Inés Manzano.
Según el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) ha iniciado un proceso sancionador contra el Municipio, EMAPAG e Interagua debido a niveles alarmantes de coliformes fecales y otras sustancias en el río.
Las plantas de tratamiento Guayacanes-Samanes y Sauces-Alborada son señaladas como responsables de descargas que exceden los límites legales, una infracción catalogada como “muy grave”.
En un comunicado oficial, la ARCA enfatizó su compromiso con la regulación hídrica y el cumplimiento de la normativa ambiental para proteger el agua potable de Guayaquil.
Álvarez acusa persecución política
El alcalde Aquiles Álvarez respondió a través de sus redes sociales y calificó las acciones del Ministerio como parte de un “plan de persecución política” en su contra. Señaló que estas denuncias buscan desviar la atención de problemas nacionales como la crisis energética vinculada a Progen.
En su mensaje, acusó a Manzano de actuar con prepotencia y amenazas, además de cuestionar el interés genuino de la ministra en los temas ambientales.
Álvarez también recordó un supuesto conflicto de interés de Manzano relacionado con su pasado como consultora en temas ambientales. Sugirió que su actual postura podría tener motivaciones personales o políticas.
Manzano defiende su postura y apunta al Municipio
Inés Manzano, por su parte, rechazó las acusaciones y sostuvo que el problema de contaminación en el río Daule es real y grave. En declaraciones en redes sociales, afirmó que el equipo municipal es “mediocre” y que su falta de acción ha agravado la crisis ambiental.
Manzano también defendió las inspecciones realizadas. Insistió en que su prioridad es proteger a la ciudadanía de las consecuencias de una gestión ambiental deficiente.
Este enfrentamiento subraya las tensiones entre el Gobierno nacional y el Municipio de Guayaquil, en un contexto en el que las crisis ambientales se mezclan con intereses políticos y posibles conflictos de interés.
