28 de octubre de 2020 16:15

Cristina Reyes pide al CAL que tramite el cuarto pedido de interpelación contra la ministra Romo

La asambleísta Cristina Reyes intentó que se modificara el orden del día en la sesión de la Asamblea la mañana de este 28 de octubre del 2020. Foto: archivo / EL COMERCIO

La asambleísta Cristina Reyes intentó que se modificara el orden del día en la sesión de la Asamblea la mañana de este 28 de octubre del 2020. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez
Redactor (I)

La asambleísta socialcristiana Cristina Reyes pidió hoy, miércoles 28 de octubre del 2020, al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que se tramite el cuarto pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Reyes intentó que se modificara el orden del día en la sesión que esta mañana mantuvo este organismo para calificar varios proyectos de ley, pero solo logró el respaldo del vicepresidente Patricio Donoso y Rina Campain, ambos de Creo.

Los otros cuatro integrantes de la directiva de la Asamblea, entre ellos el presidente César Litardo (AP), se abstuvieron o votaron en contra. Según la legisladora, Litardo se comprometió a tratar el tema en una siguiente sesión del CAL.

El nuevo pedido de juicio político contra Romo fue presentado hace una semana por los asambleístas Roberto Gómez (exCreo) y Amapola Naranjo (RC), por acusaciones de supuestos repartos del control de hospitales públicos a cambio de votos en la Asamblea.

Reyes señaló que la intención es que este “se pueda empatar” con el otro proceso que estos mismos asambleístas impulsan contra Romo, por el uso de bombas lacrimógenas caducadas en octubre de 2019, y que se tramita en la Comisión de Fiscalización.

“Es una funcionaria puesta a dedo, que tiene que ser sometida a control político. Pero esto solamente es la punta del iceberg, la gran responsabilidad de esta señora es en el reparto mafioso que hizo de instituciones públicas a cambio de votos en la Asamblea”, señaló.

La integrante del CAL expresó que parte de las evidencias son dos asambleístas que enfrentan un proceso judicial por supuesta delincuencia organizada y que renunciaron, en referencia a Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.

En relación a otros asambleístas que fueron aludidos en esta y otras investigaciones, Reyes consideró que “es la Fiscalía General la que tiene que actuar en función de sus atribuciones, en señalar las responsabilidades”.

Otros dos pedidos de juicio político que enfrentó Romo fueron archivados en diciembre pasado por falta de sustento en la Comisión de Fiscalización. Las solicitudes también fueron impulsadas por Gómez y Naranjo por temas relacionados a seguridad ciudadana, uso de bienes públicos y crisis penitenciaria.

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