26 de agosto de 2019 00:00

Crisis migratoria repercute en los planes de tres provincias ecuatorianas

Miles de venezolanos llegaron el domingo 25 de agosto del 2019 a Rumichaca antes de que rija la visa humanitaria. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

Miles de venezolanos llegaron el domingo 25 de agosto del 2019 a Rumichaca antes de que rija la visa humanitaria. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

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Redacción Sierra Norte
Redacción Política y Guayaquil (I)

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Desde las 00:00 de este lunes 26 de agosto del 2019 rige el requerimiento de visa humanitaria para todos los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador.

En la víspera, miles de extranjeros pugnaron por completar su registro migratorio, antes de que se cumpliera el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo 826, que dispuso el visado humanitario para entrar al país y también un proceso de amnistía y regularización, para venezolanos que ingresaron hasta el 26 de julio.

Durante las primeras horas de hoy, las autoridades ecuatorianas permitirán el paso solo a los extranjeros que sellaron su salida de Colombia hasta la medianoche de ayer, domingo 25 de agosto. Se prevé atender los trámites rezagados, debido a la aglomeración en el Puente de Rumichaca.

Quienes tengan documentos de salida fechados el 26 de agosto, ya no podrán pasar.

En las últimas tres semanas, el flujo migratorio en Rumichaca se incrementó. Desde Colombia se reportó la salida de, al menos, 68 000 migrantes venezolanos durante el mes de agosto.

A partir de hoy, los ciudadanos venezolanos que no cuenten con visa humanitaria -que se solicita en línea y se tramita en los consulados de Ecuador en Caracas, Bogotá y Lima- no podrán cruzar la frontera. La Policía Nacional les impedirá el paso.

Las personas con discapacidad reciben atenciones prioritarias en Rumichaca. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

Las personas con discapacidad reciben atenciones prioritarias en Rumichaca. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

La medida obligó a que el municipio colombiano de Ipiales se declarara en calamidad pública, ante la posibilidad de que los extranjeros queden represados o que se activen pasos irregulares para cruzar a localidades de Carchi.

En Huaquillas, en la frontera sur, alrededor de 300 venezolanos están estancados, pues no disponen de la documentación requerida para pasar a Perú y no quieren sellar su salida de Ecuador para no quedar “desprotegidos” ante el pedido de visa.

La dimensión de la crisis migratoria tuvo repercusiones en los planes y presupuestos de los gobiernos locales de las tres provincias que fueron declaradas en emergencia desde el 8 de agosto del año pasado, una vez que se aumentó el flujo de migrantes venezolanos.

Pichincha junto con Carchi (en la frontera norte) y El Oro (en el sur), las provincias en emergencia de movilidad humana han destinado equipos y recursos para el efecto, la mayoría redistribuyendo sus presupuestos de ayuda social.

La ola migratoria obligó a los gobiernos locales a cooperar para corredores humanitarios y albergues. En Quito hay dos para 12 personas. El Municipio de Tulcán habilitó dos centros de este tipo para extranjeros de grupos prioritarios. 

En Pichincha, los ocho centros de mediación incrementaron en un 80% la atención a migrantes, principalmente venezolanos, en el último año. Jaques Ramírez, director de relaciones internacionales de la Prefectura, dijo que habrá campañas informativas, mientras se alista un censo migratorio en los ocho cantones, para diseñar planes de inclusión.

Gran afluencia de migrantes en la frontera norte entre Ecuador y Colombia. Foto: Álvaro Pineda / EL COMERCIO

Otra de las fuentes de financiamiento frente a esta situación ha provenido, en menor medida, de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

La plataforma de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Onocha) registraba, hasta el 15 de agosto pasado, que Ecuador había recibido aportes por un total de USD 27,3 millones para esta crisis, el 23,3% de lo que se requiere en total.

Entre los principales cooperantes figuran Estados Unidos y la Unión Europea. “En un año hemos hecho bastante. Estamos trabajando por el lado político y también con ayuda humanitaria”, señaló Marianne Van Steen, jefa de Delegación de la UE en Quito.

Aun así, el Gobierno de Colombia, en la Asamblea General de la OEA, en junio pasado, mencionó que por cada migrante venezolano los países que los acogen reciben USD 100 de la cooperación internacional, mientras que en el caso de la migración siria el monto es USD 5 000 por persona.

El Gobierno ecuatoriano ­cal­culó que solo el año pasado se destinaron USD 76 millones del Presupuesto del Estado para responder a esta crisis.

Según Juan Carlos Coellar, subsecretario de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), solamente esta Cartera destinó este año USD 1,3 millones para brindar atención a los grupos más vulnerables.

Edin Moreno, gobernador del Carchi, indicó que desde que aumentó el flujo migratorio, en el 2017, el Ministerio de Salud ha destinado más de USD 5 millones para atención de primer nivel. Esa Gobernación también efectuó un censo de extranjeros en los cantones Montúfar, Huaca y Bolívar.

La regularización es solo una de las necesidades prioritarias, detrás del trabajo y vivienda, según Acnur. Un estudio de este organismo entre enero y junio de este año en Ecuador y en otros siete países, refleja que solo el 18,71% de los migrantes venezolanos tiene la intención de regresar a su país.

Entre las conclusiones de este estudio también consta que “la capacidad de los países de acogida se ha visto sobrecargada para enfrentar las crecientes necesidades de protección e integración, lo que ha provocado la aplicación de controles fronterizos más estrictos”.

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