8 de agosto de 2019 16:24

Cpccs plantea la creación de un observatorio para vigilar Ley de Erradicación de violencia

Este 25 de julio del 2019 se realizó la sesión del Pleno del Cpccs. Foto: EL COMERCIO

Sesión del Pleno del Cpccs del 25 de julio del 2019. Foto: EL COMERCIO

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Daniel Romero

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La convocatoria para conformar el primer observatorio a cargo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se amplió, justo en medio de un juicio político que tendrán que enfrentar la próxima semana en la Asamblea los cuatro vocales de mayoría de esa entidad.

Esta iniciativa que fue impulsada por las consejeras María Fernanda Rivadeneira y Victoria Desintonio busca vigilar la aplicación, implementación y cumplimiento de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra la mujer.

En primera instancia, el plazo para las inscripciones vencía mañana 9 de agosto. Sin embargo, la tarde de hoy, jueves 8 de agosto del 2019, el plazo se amplió para que la ciudadanía se inscriba. Ese trámite lo podrán hacer desde el 12 hasta el 14 de agosto del 2019.

Rivadeneira explicó que quiénes conformen este observatorio no percibirán un sueldo. El objetivo es que se conformen delegaciones en la mayor parte de provincias y que sean los ciudadanos quienes den seguimiento al cumplimiento de esa Ley.

Sofía Almeida, consejera del Cpccs, señaló que “no hubo muchos inscritos”. Ella solicitó que la convocatoria se difunda con mayor fuerza en los canales disponibles. “Un limitante ha sido el presupuesto con el que se cuenta”, señaló.

Esta iniciativa se prepara en medio del juicio político que recomendó ayer 7 de agosto la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en contra de los consejeros del Cpccs José Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá.

El argumento de la Comisión para recomendar la interpelación fue que al intentar conformar una comisión para que revise el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional, se violentó un dictamen constitucional que prohibía revisar lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio.

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