13 de febrero de 2019 00:00

Estado pide que la Corte Constitucional califique pregunta de consulta popular

Johnny Tapia (izq.) es vocal del Sistema Comunitario de Agua de Girón, Azuay. Fernando L. Benalcázar (der.) es Viceministro de Minas. Fotos:

Johnny Tapia (izq.) es vocal del Sistema Comunitario de Agua de Girón, Azuay. Fernando L. Benalcázar (der.) es Viceministro de Minas. Fotos: Cortesía

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Jorge R. Imbaquingo
Editor (I)

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El futuro de la consulta popular para permitir la explotación minera en la zona de Quimsacocha (Azuay) se define este miércoles 13 de febrero de 2019, en una audiencia en la que se anunciará la resolución frente a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Energía y Minas.

La audiencia se desarrollará en Quito, en la sala 14 de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a partir de las 14:00.

La pregunta planteada es: “¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?”.

El Ministerio de Energía y Minas dice que la pregunta de la consulta nunca fue calificada por la Corte Constitucional (CC) y por eso piden las medidas cautelares para que ahora, que ya hay Corte, sea este organismo el que revise la pregunta. Asegura que si ganara el sí, habría una afectación de hasta USD 700 millones.

De su lado, las organizaciones que promovieron la consulta -aprobada por el CNE el pasado 1 de febrero- aseguran que habrá movilizaciones de campesinos e integrantes del movimiento indígena si no se efectúa. Sobre el hecho de que la CC deba pronunciarse sobre la pregunta, tanto Yaku Pérez, de la Ecuarunari, como Johnny Tapia, del Sistema Comunitario del Agua de Girón, aseguran que al no haberse pronunciado este organismo en el lapso de 20 días, ese paso se debe obviar, tal como ocurrió en la consulta popular del 4 de febrero del 2018.

El CNE convocó a consulta popular a 15 363 ciudadanos empadronados en Girón. Actualmente, cinco organizaciones están autorizadas para realizar campaña en esa zona.

El proyecto minero Loma Larga, que funciona en concesión en Quimsacocha, tiene 2 600 000 onzas de oro identificadas, y 11 millones de onzas de plata, según informaciones del Ministerio de Energía y Minas.


Entrevista a Johnny Tapia, vocal del Sistema Comunitario de Agua de Girón, Azuay: ‘Hemos cumplido con todo lo que dice la Constitución’

johnny tapia


Hoy se realiza la audiencia para resolver si se evita la consulta. ¿Cuáles son sus expectativas?

Nos enteramos por los medios de comunicación. No hubo ningún documento oficial sobre este tema. Estamos buscando la forma de alertar y ver qué sucede. Hay un accionar medio oscuro en esto.

¿Qué pasa si no se da la consulta?

Habrá un levantamiento cantonal, provincial y de pronto en todo el Ecuador. Hemos cumplido con lo que dice la Constitución, que nos da esos derechos. Ya empezamos la campaña a favor del no, el domingo pasado, con una caminata desde Santa Marianita de Girón. Miles de personas apoyando la consulta. Han buscado la forma de bloquear (la consulta) sin argumento alguno.

Según el Ministerio del ramo, si prevalece el no, el Estado estaría perdiendo USD 700 millones. ¿Qué le parece la cifra?

Si todo ha estado mal direccionado, deberían asumir las consecuencias las personas responsables de la década anterior, quienes hicieron todo este juego sucio, de intereses, en contra de la decisión del pueblo. Nosotros planteamos la consulta en el 2012. Desde aquella fecha, el propio Estado ha tratado de impedirla. Recién recibimos los formularios para recolectar las firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el 2015. A partir de ahí hemos cumplido todos los requerimientos. Ahora se dio paso a la consulta popular, entró gente imparcial al CNE, que lo único que hace es cumplir la Constitución para que se decida en las urnas.

El Ministerio argumenta que 1 500 personas que firmaron a favor de la consulta decidirán sobre 17 millones de ecuatorianos...

La Ley determina el ordenamiento territorial también por parroquias y cantones. Si bien en Girón se inició el proceso, estamos haciendo lo que la Constitución contempla, no estamos yendo en contra de ningún derecho. En las urnas la gente decidirá si quiere o no minería, si quiere el agua o si prefiere el oro.

Argumentan que la Corte Constitucional no dio su dictamen.

Primero presentamos a la Corte Constitucional (CC) la pregunta, de ahí fue una vez más al CNE. Después, nuevamente volvió a la CC. Aquí se jugó, de lado a lado. Al final se vieron la corrupción y la mafia que se manejaban en la CC anterior, para que los procesos no salgan. Ahora el CNE tomó la decisión, creo que sin irse en contra de la Ley. Están haciendo lo que les compete. La consulta popular se debería dar. No estamos diciendo directamente no queremos minería, sino que la gente decida.

¿Qué pasará con las personas del sector que trabajan en la minería? ¿Hay algún plan para ver si pueden recuperar las plazas?

Hemos presentado muchas alternativas al Gobierno sobre el tema agrícola, ganadero y de producción agroecológica. Los mercados están vacíos, en muchos casos no hay producción, entonces creo que por ahí ya están proyectos listos. El Gobierno ha manifestado que otorgará financiamiento. Habría que hacer una minga y rescatar esas fuentes de trabajo netamente en la producción y en la ganadería.


Entrevista a Fernando L. Benalcázar, Viceministro de Minas: ‘El Estado perdería USD 700 millones tras esta consulta’

fernando benalcazar


¿Por qué pidieron las medidas cautelares sobre la consulta popular de Quimsacocha?

Las medidas cautelares tenían la intención de dejar en claro ante la jueza que había preocupaciones, que había potenciales violaciones de los derechos constitucionales de los ecuatorianos, representados a través de la Procuraduría y el Ministerio, entiéndase de los 17 millones de ecuatorianos. Y que había puntuales violaciones a los derechos de las comunidades vecinas de los proyectos, porque el Estado es el dueño absoluto de los recursos naturales no renovables, y nos pertenece a todos. El hecho de hacer una consulta popular a un grupo de 15 000 personas versus 17 millones plantea una posible violación de derechos.

¿Buscan que no se realice la consulta popular?

Lo que planteamos es que la Corte Constitucional, que es el único órgano que legalmente puede hacerlo, se pronuncie sobre la legalidad de dicha pregunta, porque tememos una potencial violación de los derechos. La consecuencia será que si la jueza se pronuncia a favor de la medida cautelar se suspenderá el proceso, no habrá la consulta el 24 de marzo y, obviamente, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad misma de la pregunta.

Pero la consulta ya tiene un largo camino desde el 2015 y la CC estaba en vacancia...

La gran diferencia en el proceso es que el CNE parte del hecho de asumir que la pregunta ha sido calificada por el propio CNE, si no había Corte Constitucional que califique esta pregunta. Ese es el paso que se obvia. El CNE y debe consultar con la Corte Constitucional la viabilidad de la pregunta y de ahí seguimos con el CNE.

¿Pero el CNE tiene la representación máxima en tiempo de las elecciones?

El CNE es la máxima autoridad mientras no se violen los derechos constitucionales. La primera audiencia fue por la mañana (5 de febrero) y en la tarde ya había Corte Constitucional.

¿Cuáles serían las consecuencias legales del Estado frente a la concesionaria canadiense que explota esa zona minera?

Sumamente preocupantes. Se tardarán 2 o tres años y agotarán hasta la última instancia en el Ecuador, y después dirán: demando al Estado ecuatoriano por falta el seguridad jurídica y, como siempre, perderemos. La afectación puede estar entre USD 500 o 700 millones de dólares, a ‘grosso modo’. Como ecuatoriano me pregunto por qué 13 000 personas que lideran esta consulta pueden decidir sobre 17 millones de ecuatorianos.

¿Cree que las comunidades tienen derecho a decidir su futuro?

Todas las comunidades, todos los ecuatorianos tenemos derecho a ser informados y, bajo ciertas condiciones específicas, ser consultados antes de la ejecución de un proyecto. Así lo definen la Constitución y los acuerdos internacionales. Tienen derecho a ser informados, derecho a ser preguntados, pero nadie en el Ecuador tenemos derecho a vetar y ser los administradores de un recurso natural no renovable que es potestad del Estado.

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