En la audiencia del 5 de junio pasado hubo 63 amicus curiae para este tema. Foto: Archivo / EL COMERCIO
A este jueves 20 de junio del 2019, la Corte Constitucional (CC) no se pronunció sobre la procedencia (factibilidad) de consultas populares para temas que involucren a la minería.
El Pleno de la CC sesionó la mañana de este jueves, y entre los puntos que debía resolver estuvo el pedido de dictamen previo de constitucionalidad sobre la pregunta para una consulta popular respecto de las actividades mineras en cuatro cantones de Carchi y de Imbabura.
En el fallo de la CC se lee que la propuesta de convocatoria “no reúne los requisitos de claridad y precisión que exige la Ley”. Como incumplimientos se menciona la falta de considerandos introductorios “que permitan contextualizar las preguntas y la no inducción de las respuestas al elector”.
Esa decisión fue aceptada unánimemente por el Pleno de la Corte Constitucional.
Sin embargo, al final de su pronunciamiento señala que debido a que “no se superó el control formal de considerandos y cuestionario, la Corte no entró a examinar la procedencia de consultas populares sobre minería, convocadas por la ciudadanía”.
Belén Páez es directora de la Fundación Pachamama y compareció en la audiencia pública que presidió el juez sustanciador, Agustín Grijalva, sobre este tema. Páez señaló que el dictamen deja abierta la posibilidad para que las organizaciones sociales, colectivos y personas puedan plantear preguntas relacionadas con la minería.
Páez dijo que esto se podría hacer “siempre y cuando estas cumpla con los controles formales y constitucionales y considerandos requeridos por esta instancia constitucional”.
Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, señaló que el dictaminar sobre la forma, es decir, sobre la pregunta planteada, no le impedía a la Corte Constitucional pronunciarse sobre el fondo. Es decir, para Quintana lo importante era que la CC sentara un precedente jurídico sobre la procedencia o no de consultas populares en temas mineros.
“Seguimos con la incógnita sobre si estos temas pueden ser objeto de consulta popular o no. Muchos hemos planteado que no se debe consultar vía plebiscito, menos en el caso minero. De darse un cambio debe ser mediante reforma constitucional”, dijo Quintana.
Para Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, la decisión de la CC es importante. “El sector industrial se ha mantenido unido, planteando una minería responsable. Mantenemos nuestra posición de que no es posible realizar consultas locales en temas de interés nacional”.
Wilmer Meneses, procurador común de los comuneros de Jijón y Caamaño, Goaltal (Carchi), Carolina y Lita (Imbabura), al ser consultado por este Diario señaló que aún tienen muchos recursos por agotar. Sin embargo, no especificó qué acciones tomarían tras el archivo de su pedido.