Las auditorías gubernamentales se realizan para identificar, oportunamente, posibilidades de mejora en la gestión pública, y cuando existen evidencias adecuadas, establecer responsabilidades.
Para que sea eficaz el control, debe ser oportuno, y no como ocurre con la publicitada glosa a la gestión de la Refinería del Pacífico, cuyas primaras iniciativas e inversiones iniciaron hace más de 10 años. Técnicamente, no es aceptable que proyectos e inversiones de enorme importancia, por sus efectos en la vida del país y por los montos de los recursos, se realicen con total falta de oportunidad.
Los modernos sistemas de control dirigen sus esfuerzos hacia las áreas de mayor riesgo e importancia, utilizando tecnología para recopilar evidencias con acceso en línea a los sistemas de información de las instituciones. Para cumplir este propósito, no se requiere de un Tribunal de Cuentas como se ha planteando equivocadamente, sino modernizar el sistema de control de la CGE, donde la ética y la transparencia sean los ejes de todo el proceso de auditoría, desde la planificación hasta la emisión de informes y documentos de responsabilidades, sumado a procesos de selección de autoridades y directivos, que eviten la conformación de grupos organizados para delinquir, como los que se están investigando.
La Asamblea Nacional debería liderar una profunda evaluación de la gestión de la CGE y de otros organismos de control, para que cumplan adecuadamente sus responsabilidades.