Contraloría no halló el débito de los USD 41 millones en el Issfa
El Parque Samanes, en Guayaquil, tiene 850 hectáreas de extensión. El coliseo fue inaugurado en abril pasado. Foto: Mario Faustos: / EL COMERCIO
La recomendación que la Contraloría hizo para evitar una posible glosa por el caso Samanes no tuvo respuesta. El Ministerio de Finanzas y el Issfa (seguro social militar) debían reportar el cruce de los USD 41 millones que el Ministerio del Ambiente pagó en exceso, pero eso no ocurrió.
El plazo se agotó y el ente de control decidió notificar con la glosa de 41 millones a la asambleísta Marcela Aguiñaga y a otros siete funcionarios, que intervinieron en la compra de los 66 lotes al Issfa, en lo que hoy es el parque Samanes.
Hasta este miércoles, 8 de noviembre del 2017, la Contraloría confirmó que no llegó ningún registro de débito de ese dinero de las cuentas del Issfa.
Pero Aguiñaga cuestiona al organismo de control y asegura que sí hubo tal descuento, en el 2016. La legisladora incluso menciona dos oficios del Ministerio de Finanzas.
Uno suscrito en el 2016, por el entonces titular de esa secretaría de Estado, Fausto Herrera; y otro del 25 de agosto del 2017, firmado por el actual ministro, Carlos de la Torre.
En ambos comunicados, Finanzas asegura que sí existió el débito de los 41 millones.
Ayer, este Diario buscó la versión del Ministro de Finanzas, pero personal de relaciones públicas dijo que el funcionario está fuera del país.
Mientras esto se aclara, Aguiñaga y los siete funcionarios señalados tienen 60 días para presentar un recurso de revisión. La Contraloría también asegura que en este plazo Finanzas puede “legalizar y hacer efectivo” el débito.
Pero ayer, vocales del Consejo Directivo del Issfa revisaron los estados contables del organismo y confirmaron que ese rubro no se les debitó.
E insistieron en que no devolverán los USD 41 millones, pues la venta de los lotes “fue legítima” y el Ministerio del Ambiente “siempre estuvo de acuerdo” con el monto.
Pero Aguiñaga y los siete funcionarios observados pueden recurrir a las instancias judiciales, fuera de la Contraloría, para anular la glosa. Por ejemplo, al Tribunal Contencioso Administrativo o a la Corte Constitucional.
En el 2016, el Frente de Pensionistas del Issfa ya recurrió a la justicia para evitar el descuento del dinero, a través de un recurso de protección.
Aunque la acción fue negada por un Tribunal, los pensionistas se organizaron y mantienen reuniones para analizar nuevos recursos legales. De hecho, esta semana los afiliados del Issfa se concentrarán para estudiar la resolución de la Contraloría.
Para los militares, el débito de los USD 41 millones es inconstitucional, pues el Gobierno estaría tomando recursos de la seguridad social para fines contrarios a los afiliados.
Los pensionistas consideran que ya no cabe ningún reclamo, tomando en cuenta que las controversias debían solucionarse hasta cuatro años después de firmado el contrato; es decir hasta 2014.
