2 de julio de 2020 00:00

Contadores, indagados por adjudicaciones

El 3 de junio pasado, los agentes de la Policía Nacional realizaron allanamientos como parte del caso de la Prefectura del Guayas. Foto: Cortesía

El 3 de junio pasado, los agentes de la Policía Nacional realizaron allanamientos como parte del caso de la Prefectura del Guayas. Foto: Cortesía

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Fernando Medina

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La Fiscalía sigue la pista de la estructura delictiva que operó en la Prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria. Los informes oficiales indican que 19 personas integraron la red delincuencial que se benefició de la adjudicación de contratos. Actualmente, seis de los sospechosos están procesados, 12 permanecen prófugos y el exprefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, dejó de ser investigado tras su deceso.

La investigación del caso lleva un mes en curso y los agentes dicen que tienen nuevos datos sobre el delito de tráfico de influencias. La información está relacionada con el proceso que la Prefectura firmó el 18 de mayo con una empresa que no existe físicamente.

A través de informes de la Prefectura, los fiscales encontraron que la licitación para procesar los datos de las pruebas covid-19, cuyo monto final era de USD 79 980, fue suspendida repentinamente por funcionarios de la Prefectura que aparentemente tenían vínculos con los directivos de la compañía favorecida.

La suspensión del contrato se produjo el 27 de mayo pasado. Ese día, la directora de Desarrollo Comunitario firmó un “acta de terminación del entendimiento por mutuo acuerdo” con el supuesto Presidente de la compañía.

En el documento, al que tuvo acceso este Diario, el empresario “aceptó” la terminación del acuerdo y declaró “que no tiene nada que reclamar en el presente, ni en lo futuro al Gobierno Provincial”. También expresa “libre y voluntariamente que no existe perjuicio causado y por lo tanto desiste de toda acción administrativa, judicial o extrajudicial por daños o perjuicios causados”.

Ahora, la Fiscalía investiga cómo y dónde se firmó ese documento, pues el mismo día que se suscribió esa acta, las oficinas de la Prefectura fueron allanadas por decenas de agentes expertos en el tema.

Los operativos se ejecutaron en torno a las investigaciones que la Fiscalía mantiene dentro de este expediente. En esa indagación se sospecha además un presunto peculado por sobreprecios en la compra de mascarillas y pruebas covid-19.

Precisamente, el contrato suspendido era para tabular las pruebas rápidas adquiridas durante la emergencia.

Sin embargo, en el acta de terminación del entendimiento se indica que el proceso se extingue, porque no se concretó la compra de esos insumos.

Según los agentes que indagan este caso, todos estos “hechos contradictorios” ahora son rastreados para encontrar posibles irregularidades.

En la investigación también están señaladas dos directoras de la Prefectura. Ellas fueron parte de los procesos de adjudicación de los contratos.

Los uniformados las han rastreado y dicen que existe evidencia que demuestra que las funcionarias tenían comunicación con los contadores de las empresas adjudicadas. Estos últimos también han sido monitoreados por la Fiscalía y en el expediente se detalla que mantienen servicios laborales con una centena de empresas.

Ese es el caso de una mujer que, según un listado del Servicio de Rentas Internas (SRI), ha trabajado en distintas empresas desde el 2004.
Lo mismo ocurre con otro de los investigados que mantiene un número similar de compañías en los registros del SRI.

Ahora, los agentes verifican cada una de esas cuentas para determinar si fueron o no parte de la estructura delictiva. Por el momento, las indagaciones han revelado que los sospechosos sí tienen relación con siete empresas sospechosas.

Según Fiscalía, los contadores son piezas clave para descubrir la ruta del dinero de los contratos. Los primeros datos apuntan que los principales beneficiarios fueron los representantes de esas siete firmas.
Información de la Superintendencia de Compañías indica que Sandra Arcos, viuda de Morales, y dos de sus hijos son accionistas y directivos de al menos tres empresas.

En esa lista de los propietarios también están familiares políticos del primer compromiso matrimonial de Arcos.

De hecho, un grupo de directivos y accionistas se encuentran prófugos. Sus boletas de captura permanecen en las fronteras, aeropuertos y terminales del país.

Hasta el momento, solamente Arcos ha negado su participación en el delito a través de su abogado defensor.

La defensa ha señalado que su defendida no se ha beneficiado de ninguna adjudicación contractual con la Prefectura.

En total, la Fiscalía tiene sospecha de cuatro contratos que el Gobierno del Guayas suscribió por emergencia.

Los agentes verifican si la entidad desembolsó dinero luego de que se cumplieran todas las acciones legales de contratación pública. Uno de esos requisitos es que las firmas adjudicadas estén bajo la lista de proveedores del Estado.

En el caso de la empresa que se adjudicó el proceso por USD 79 980 no cumplió con ese requisito. Así lo advierte la Superintendencia de Compañías. Lo mismo ocurre con otras firmas que en este momento son indagadas.

Uno de los supuestos ejecutivos pedidos por la justicia es una persona que, según los vecinos, se encuentra en la indigencia. Las autoridades dicen que todos estos detalles son analizados por los agentes.

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