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La consulta de febrero abrió el camino a la reinstitucionalización

Jornada electoral por la consulta popular en la Unidad Educativa 26 de Agosto en San Lorenzo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Jornada electoral por la consulta popular en la Unidad Educativa 26 de Agosto en San Lorenzo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Jornada electoral por la consulta popular en la Unidad Educativa 26 de Agosto en San Lorenzo. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

13 026 598 ecuatorianos fueron habilitados para votar en la consulta popular y referendo constitucional del 4 de febrero pasado. El 82,1% asistió a las urnas y otorgó la victoria al sí en las siete preguntas planteadas por el presidente Lenín Moreno.

La victoria de las tesis del Gobierno marcó el camino político en este año. A raíz de la aprobación, el país entró en un proceso de reinstitucionalización encabezado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Pero la realización de ese proceso electoral no estuvo libre de controversia. La consulta se realizó sin un dictamen previo de la Corte Constitucional, requisito establecido en la Carta Magna. Las exmagistradas Tatiana Ordeñana y Marien Segura, quienes estuvieron a cargo de la valoración de las preguntas, no lo hicieron en el plazo establecido y Moreno envió directamente los textos al Consejo Nacional Electoral, para que se convoque al sufragio.

La primera interrogante planteó que los sentenciados por corrupción no vuelvan a participar en política y pierdan sus bienes. El 73,71% de los votos fue a favor de su aprobación. La segunda pregunta eliminó la reelección indefinida con el 64,20% de los votos.

La tercera pregunta obtuvo el triunfo más apretado con el 63,08% de los sufragios. Esta planteaba el cese del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la instalación de un organismo transitorio y una reforma en la manera de elección de sus integrantes, que desde el próximo período será a través de voto popular.

La cuarta pregunta obtuvo el 73,53% de apoyo y estableció la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. La quinta pregunta prohibió la minería metálica en zonas intangibles y en centros urbanos y obtuvo el 68,82% de los votos favorables.

En la sexta interrogante el sí se impuso con el 63,10% de los votos para derogar la denominada Ley de Plusvalía y la séptima pregunta para incrementar la zona intangible y reducir la zona de explotación el Parque Yasuní obtuvo el 67,31% de apoyo de los votantes.

Durante la campaña electoral de este proceso, Alianza País (AP) encabezó la campaña a favor del sí. Además, se sumaron el resto de organizaciones políticas de todas las tendencias. Mientras que la promoción la hicieron únicamente los políticos afines a Rafael Correa, quien estuvo en el país liderando los actos proselitistas. La consulta supuso el quiebre total del oficialismo.