18 de diciembre de 2020 00:00

La consulta popular, en agenda de la mayoría de presidenciables

Simón Pachano, analista político y catedrático de Flacso. Rebeca Morla, catedrática Universidad Casa Grande. Jacobo García, experto político.

Simón Pachano, analista político y catedrático de Flacso. Rebeca Morla, catedrática Universidad Casa Grande. Jacobo García, experto político.

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Jorge González Franco
Redactor (I)
politica@elcomercio.com

La consulta popular es un tema que ha ganado protagonismo de cara a las elecciones generales del 2021. Al menos diez, de los 16 candidatos presidenciales, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha ratificado, no descartan en su agenda de campaña el llamar a los ciudadanos para ser consultados en las urnas sobre varios temas.

Reformas a la Constitución, minería, planteamientos en materia económica y la Ley de Extinción de Dominio efectiva son algunas de las propuestas que manejan los postulantes.

En esa línea, confirmaron a este Diario que no cierran las puertas a una consulta Yaku Pérez, Gustavo Larrea, Guillermo Celi, Paúl Carrasco, Lucio Gutiérrez, Ximena Peña, César Montúfar, Carlos Sag­ñay, Giovanny Andrade y Andrés Arauz. Este último, incluso, no descarta ir más allá: una Asamblea Constituyente.

Tres expertos políticos coinciden en que las consultas son una opción democrática participativa y configura una herramienta válida, pues Ecuador fue el segundo país de la región en usarlas, tras Uruguay. Sin embargo, hay división de criterios respecto de ellas.

El analista Simón Pachano asegura que es necesario hacer un ­‘zoom’ a los planteamientos, porque no todo justifica un llamado a las urnas porque existen las herramientas para concretarlos. “No todos los temas entran, algunos pueden ser sustanciales”.

Lucio Gutiérrez aseguró que firmará en el primer mes de Gobierno un decreto para ir a una “megaconsulta” por varios temas. Pérez, en cambio, buscará declarar al país territorio libre de minería metálica.

Gustavo Larrea explicó que, si no hay unidad en la diversidad, quiere eliminar a través de esa vía la Ley de Contratación Pública y sustituirla con otra más abierta e impulsar un cambio institucional.

Guillermo Celi indicó que convocará al pueblo “cuantas veces sean necesarias” para fortalecer el sistema de justicia, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Paúl Carrasco prevé una ley de repatriación de capitales y de la ley de extinción de dominio, cadena perpetua para los políticos que roban.

César Montúfar aseguró a este Diario que la única forma de desmontar la institucionalidad impuesta por el correísmo era utilizar los mismo métodos, es decir, una consulta popular para evitar el hiperpresidencialismo.

Andrés Arauz puntualizó que aún debe examinar el instrumento para la recuperación de la institucionalidad democrática “No descartamos ninguno, incluyendo una Asamblea Constituyente”.

Peña y Sagñay, de su parte, optarán por el mecanismo si es que no hay consensos en el Legislativo. Andrade tratará sobre un cambio a la Constitución de Montecristi. Montúfar aspira a modificar el “modelo autoritario” del correísmo.

¿Por qué en esta campaña electoral hay más énfasis en las consultas populares a diferencia de procesos anteriores?

Para Jacobo García, experto en consultoría política, las propuestas de consultas evidencian que los presidenciales avizoran que recibirán un país fragmentado, sin mayoría en la próxima Asamblea Nacional.

“Será ingobernable, van a boicotearse, entonces creo que aplicarán estos mecanismos de consulta, porque saben que el sistema va a entrar en un bloqueo permanente”.

Recordó que ello ya se vivió en experiencias anteriores, como cuando Rafael Correa convocó a una consulta en el 2011, tras no lograr mayoría legislativa dos años antes.

García dijo, además, que los temas que desean consultarse deben ser bien pensados, pues en el 2018 se ofreció desmontar al correísmo y hoy hay postulantes que ofrecen algo similar.

“Algo no se logró, varios de los que plantean aquello incluso promovieron el sí en dicho proceso democrático”.

Pachano agregó que los candidatos tratarán de entablar la consulta como un tema atractivo entre el electorado; no obstante, tiene reparos.

“No sé cuánto de atractivo tenga, porque no sé si a la gente le interese una consulta; la gente, claramente, está preocupada en otro tipo de cosas, frente a un nuevo momento provocado por el covid-19”.

Rebeca Morla, coordinadora de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, acotó que se entiende que al promover una consulta para distintos temas de interés nacional, los candidatos demuestran la intención de fomentar la participación ciudadana, que es parte indispensable de la democracia.

No obstante, cree que el contexto actual obliga a pensar más allá.

“¿Económicamente estamos como para llevar a cabo un proceso consultivo? Pensemos también que la participación no debe estar solo cuando el político decide que debe consultar a la gente. Es momento de pensar en mecanismos que permitan construir cogobierno”.

Uno de los caminos podría ser el diálogo. Esa vía fue impulsada al inicio del gobierno de Lenín Moreno.

Esteban Ron, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, añadió que otros “mecanismos fácticos” para gobernar sin mayoría legislativa, además del diálogo, son los decretos ejecutivos en el tema de la estructura del Estado.

También los proyectos de Ley económicos urgentes, para que no se traben en la Asamblea y la ejecución directa de políticas públicas con reglamentación propia en las instituciones del Ejecutivo.

Pero no solo la consulta popular aparece como una de las propuestas en común de los candidatos presidenciales: uno de los principales es la baja de las tasas de interés para que se pueda diversificar el crédito y, así, reactivar el país. También suena mucho la apertura legal para que la banca internacional se establezca.

En Contexto

De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) son 16 los binomios calificados y en firme ante el organismo. Mientras, la fórmula presidencial de Libertad es Pueblo está en condición de ‘inscripción inadmitida’. Justicia Social se mantiene en litigio.

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