20 de mayo de 2019 16:50

Otra consulta sobre matrimonio igualitario trató la Corte Constitucional

Mateo Ruales (de pie) de la Fundación Pakta, recuerda a la Corte Constitucional que el ejercicio de los derechos humanos no puede someterse a consultas populares. Foto: Tomada del Twitter la Fundación Pakta

Mateo Ruales (de pie) de la Fundación Pakta, recuerda a la Corte Constitucional que el ejercicio de los derechos humanos no puede someterse a consultas populares. Foto: Tomada del Twitter la Fundación Pakta

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Mariela Rosero

Una nueva consulta de norma sobre matrimonio civil igualitario trató en audiencia el Pleno de la Corte Constitucional, este lunes 20 de mayo del 2019. Rubén Salazar y Carlos Verdesoto son la pareja del mismo sexo que hoy expuso su caso, con apoyo de la Fundación Pakta.

Pamela Troya, vocera de Matrimonio Civil Igualitario, comentó que la consulta de norma fue realizada por una jueza de la Unidad Civil, que consideró que los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles son contrarios a los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación.

La activista también recordó que el 29 de marzo de este año se efectuó ya otra audiencia sobre la primera consulta de norma de matrimonio igualitario. En esa ocasión se trató el caso de Efraín Soria y Javier Benalcázar. La consulta de norma fue realizada por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, sobre la constitucionalidad y aplicación de la Opinión Consultiva OC-24/7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos IDH.

A Troya le preocupa que no se cumpla con los plazos para responder a las consultas. La Constitución en su artículo 428 determina que la Corte –recuerda Pamela Troya- tiene 45 días para resolver una consulta de norma. “Ya se incumplió en el caso de Soria y Benalcázar. Y en lo que respecta al de Salazar y Verdesoto, los 45 días corren a partir del 27 de marzo”.

La lucha por el matrimonio civil igualitario en Ecuador empezó el 5 de agosto del 2013. Entonces, Pamela Troya y su pareja Gabriela Correa acudieron al Registro Civil de San Blas, de Quito, con activistas Glbti y otros personajes públicos, intentando casarse. Ante la negativa, presentaron una acción de protección, que fue negada en primera y segundas instancias. En junio del 2014, la pareja presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, como última instancia en el país. Y ésta se admitió a trámite el 9 de diciembre del 2014. “No se ha realizado ninguna gestión para resolver el pedido”, dijo Troya.

El abogado Christian Paula, de Fundación Pakta, que patrocina a las parejas del mismo sexo, hizo un pedido a los jueces constitucionalistas: cumplir con los tiempos y reconocer el carácter vinculante de la Opinión Consultiva de la Corte IDH. En el caso de Efraín y Javier, el tiempo concluyó el 12 de mayo pasado.

Paula también comentó que la jueza, en el caso tratado esta mañana, respondió afirmativamente al pedido de la pareja. Y hoy se presentó en la audiencia, para exponer sus argumentos.

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