Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO
El excandidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, continúa en su campaña para evitar, que la reelección indefinida se concrete a través del trámite parlamentario.
Si bien presentó el miércoles un ‘amicus curiae’ ante la Corte Constitucional para que considere que la enmienda es inviable, no descarta convocar a una consulta popular para ello. Pero quiere añadir una pregunta más: si la dolarización debe mantenerse.
Para Lasso, un pronunciamiento claro de la población evitaría ambigüedades en leyes futuras y que los gobiernos apliquen políticas fiscales y finacieras que fortalezcan el sistema monetario vigente en el país desde 2000.
El presidente Rafael Correa ha insistido en que la dolarización seguirá vigente. Y lo corroboran sus aliados. “Nadie en su sano juicio piensa que la dolarización esté en peligro, menos el Presidente que es un hombre que sabe de economía”, dice Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
Pero Diego Salgado, legislador por Creo, se muestra escéptico. Dice que, por experiencia, la palabra del Presidente no es confiable. “Dijo 9 veces que no iría en la reelección y ahora lo impulsa”. Sus temores radican, en que el Código Monetario y Financiero no menciona al dólar como moneda de uso en el país, sino que se refiere a dos alternativas: la dolarización y la moneda electrónica.
Es esta forma de intercambio comercial la que preocupa al analista económico Pablo Dávalos. El Código Monetario inaugura en el país bimonetarismo. Y sobre ello debe desarrollarse el verdadero debate nacional: si permite resolver los problemas estructurales del país o si va a servir como un instrumento para mantener el poder de emisión y, por tanto, la hegemonía política del Gobierno Nacional.
Con ello “puede mantener un aparato gubernamental o una burocracia que se constituye en militantes del partido de Gobierno”, sostiene Dávalos.
Más allá de la cuestión económica, la discusión política sobre la pertinencia o no de consultar sobre el mantenimiento o no de la dolarización en el país. Actores políticos y analistas económicos ven que puede ser algo contraproducente e incluso un desatino.
El analista Luis Verdesoto cree que cualquier posibilidad de una consulta popular debe centrarse en temas esenciales. La paradoja sería que en el país se está convirtiendo en una herramienta muy utilizada que puede agotarse por sí misma. “Hay la intención de hacer un vagón de preguntas que pueden ser equivocadas”, afirma.
Y muchas veces quedan como una amenaza. De eso es algo que no ha logrado evitar el mismo Gobierno. El Mandatario ha dicho, tanto en el caso de Yasunidos como en la actual coyuntura, que él también incluiría sus propias preguntas.
En ese sentido una eventual consulta popular debería solamente tratar sobre un tema: la reelección presidencial. Otras preguntan serían un factor de distracción. Esta posición es compartida tanto por César Montúfar, presidente del movimiento Concertación, como por Verdesoto.
Según Montúfar, quien también impulsa una consulta para evitar la reelección, otros temas complicarían la unidad de “los sectores democráticos” del país. Si una organización política logra agregar una segunda pregunta, las otras también exigirían que se incluyan sus demandas, como competencias seccionales.
“La única posibilidad de construir una plataforma pluralista y consensuada alrededor de una consulta es únicamente de la reelección. No es el único tema importante, pero es el crucial”, dice Montúfar.
A Dávalos, quien estuvo en el primer año en el gobierno y ahora es un crítico, le disgusta aún más la iniciativa de Creo y hasta lo califica de “manipular la opinión pública”.
Preguntar sobre la moneda respondería, según dice, a sus intereses políticos. La dolarización no puede entrar en un debate sobre consulta popular porque se mantiene dentro de una coherencia económica.
Más fuerte es aún Larriva. Además de sorprenderse de que “un hombre de finanzas” tenga esos recaudos, está sosteniendo “que la economía está en peligro, solo con el afán de crear nerviosismo. No sé qué hay detrás de eso”.
“Son opiniones respetables”, responde Lasso a las críticas. Para él no significaría ninguna dificultad para el ciudadano pronunciarse en las urnas como una segunda pregunta en un eventual referendo. Pero insiste en que es necesario evitar cualquier forma de terminar con este sistema que ha “permitido a la clase media y a la clase trabajadora construir un patrimonio familiar”.
Por el momento, la consulta popular aún queda como una intención. A la Corte Constitucional ha llegado este recurso desde 16 organizaciones sociales o de individuos. La CC aún no se pronuncia. Solo con ello quedaría claro el panorama para que actúe tanto el oficialismo como la oposición.