5 de octubre de 2019 18:53

Consejo de Protección de Derechos alerta sobre violencia usada por la fuerza pública

El Consejo de Protección de Derechos también anota que han documentados hostigamientos policiales incluso a personas que no eran parte de protestas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El Consejo de Protección de Derechos también anota que han documentados hostigamientos policiales incluso a personas que no eran parte de protestas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Mariela Rosero

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La tarde de este sábado 5 de octubre del 2019, el Consejo de Protección de Derechos de Quito reiteró la exigencia de que el Gobierno levante el estado de excepción, decretado en el país, el jueves 3. Y pidió se ordene a la fuerza pública que deje de actuar con violencia, que se libere a todos los detenidos y que se establezcan procesos de investigación por esos casos. De continuar esta escalada de violencia, señaló la entidad, responsabilizamos a las autoridades correspondientes, Policía y Ejército.

En un comunicado, firmado por la edil Gissela Chalá, delegada del alcalde Jorge Yunda, y Sybel Martínez, presidenta y vicepresidentas de esta entidad, se evalúan las primeras 48 horas del paro nacional, convocado a propósito de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.

Expresan indignación y rechazo por el nivel de violencia con el que han actuado la Policía y el Ejército. "Ni el estado de excepción es justificativo para los eventos que hemos documentado: uso de armamento prohibido, disparos de bombas lacrimógenas espiraladas y balas de goma al cuerpo de manifestantes; uso de instrumentos para atropellamiento director, principalmente caballos y motocicletas; tanquetas diseñadas para conflictos bélicos, con mensajes atemorizantes, que causan pánico; disparos de gases, exhibición de instrumentos de tortura, entre otros. Estos hechos violentos no pueden ser tolerados bajo ningún justificativo por su grave implicación en materia de derechos humanos".

El Consejo de Protección de Derechos también anota que han documentados hostigamientos policiales incluso a personas que no eran parte de protestas. "Nos indigna y descalifica totalmente a la fuerza pública, los golpes y acciones de asfixiamiento contra niños y niñas, que están documentadas en filmaciones".

También manifiestan preocupación por el número de personas detenidas, en Quito, dicen, superan las 160, y en su mayoría son menores de edad. No coincide con la información emitida por el gobierno en cadena nacional el 4 de octubre, lo que ha generado desesperación en familiares. Se ha establecido, además, que se impidió la comunicación con los abogados. Y se ha confirmado, que al menos 20 personas fueron detenidas y trasladadas a espacios diferentes a la Unidad de Flagrancia, tales como la UPC de La Basílica y el Centro de Detenciones de El Inca. "Muchos fueron liberados pero es un principio básico llevarlos a la autoridad competente y no se privados de la libertad en sitios diferentes a los señalados en el Código Orgánico Integral Penal".

En el comunicado, el Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de Quito expresa su indignación porque según familiares de detenidos, éstos han sufrido golpes, hemos documentado dos casos particulares. Indigna casos de detención de personas con discapacidad, situación que no fue tomada en cuenta durante la audiencia".

Según las firmantes, esta entidad proporcionará la información documentada a la autoridades nacionales e internacionales y se mantendrá vigilante para el cumplimiento de vigencia de respeto y garantía de derechos de las personas.

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