Los cinco vocales del Consejo de la Judicatura tuvieron una sesión este jueves, 5 de abril del 2018, para conocer la notificación del Cpccs sobre el inicio del proceso de evaluación. Foto: Twitter Consejo de la Judicatura @CJudicaturaEc
Un día después de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, Gustavo Jalk, titular del Consejo de la Judicatura (CJ), acató el inicio de la evaluación y la suspensión de concursos. Pero, pidió que se revise esa decisión.
El Cpccs definió al CJ como una de las cuatro primeras entidades a ser evaluadas, según lo aprobado en la consulta popular del 4 de febrero. Pero, en este caso particular, resolvió la suspensión de todos los concursos internos, mientras concluye la evaluación.
Los cinco vocales del CJ tuvieron una sesión este jueves, 5 de abril del 2018, para conocer la notificación del Cpccs sobre el inicio del proceso de evaluación. Según el funcionario, las decisiones del ente transitorio afectan el “normal funcionamiento de la Función Judicial”.
El Pleno del CJ reitera que está dispuesto a cualquier evaluación de desempeño y de la gestión de los últimos cinco años. Espera que sea realizada a través de parámetros, objetivos y medibles. Por lo que cumplirán con esta parte y entregarán los informes requeridos, en el plazo de los siete días establecidos.
Añadió, sobre la segunda parte de la resolución del Cpccs, que los concursos de oposición y méritos que estaban en marcha quedan suspendidos por un acto administrativo del Consejo transitorio. Lo que implica que “miles de participantes encuentran su aspiración y su derecho truncados”.
Se solidarizaron con todos los participantes del concurso de 7 000 vacantes en la Función Judicial, en cargos de personas que venían cumpliendo su labor de manera ocasional por unos dos años. Hay más de 35 000 aspirantes.
Además, hay otro concurso para designar a 400 vacantes para la Fiscalía General del Estado (FGE). Para este proceso están en concurso 12 000 juristas. En este caso hay algunas vacantes y otros cargos nuevos para que las investigaciones sean más ágiles, ya que -explicó- había una sobrecarga de trabajo.
Y, finalmente, el concurso para la renovación de los 24 fiscales provinciales. Indicó que este proceso se da en el tiempo establecido en la ley, ya que el 2 de mayo se termina el período para el que fueron designados los actuales funcionarios.
La resolución del Cpccs, además, menciona que en caso de que la Judicatura no acate la suspensión de estos concursos se considerará un incumplimiento de funciones y se procederá con la destitución de los integrantes de la entidad.
Sobre esto, Jalkh expuso que este acto tiene varios vicios jurídicos, porque no hay una motiviación jurídica suficiente para que el Consejo transitorio haya tomado esta decisión. “No existe acto administrativo que no pueda estar debidamente, encontramos en esta resolución una ausencia absoluta de motivación”.
Además, el CJ considera que la resolución no se ajusta al mandato popular establecido en la consulta y referendo del 4 de febrero. Ya que ni en el anexo de la pregunta 3, ni en la interrogante, se establece la posibilidad de suspender los concursos.
El Consejo de la Judicatura consultará al Cpccs sobre las consecuencias económicas por la suspensión de los concursos, ya que hay una contratación en marcha para la logística del proceso. Y enviarán una comunicación pidiendo que se revise la decisión.
“Partimos de la buena fe de las personas, esto podrá ser considerado un desliz (…) pediremos que motiven su decisión o que la corrijan. Las buenas personas también pueden equivocarse”.