La Conaie calificó de “arbitraria” la detención del líder Shuar y de los otros miembros de la nacionalidad acusados de tentativa de asesinato contra policías en el campamento minero La Esperanza. Foto: EL COMERCIO
La Confederación de Nacionalidades Indígena del Ecuador (Conaie) exige la libertad del presidente de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar (Ficsh), Agustín Wachapá, quien se encuentra en prisión preventiva desde la tarde de ayer, 21 de diciembre del 2016, por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos.
La organización indígena acude a organismos internacionales para la liberación del líder indígena y de los otros cinco detenidos en el cantón San Juan de Bosco de Morona Santiago.
La mañana de este jueves 22 de diciembre del 2016, Jorge Herrera, presidente de la Conaie, calificó de “arbitraria” la detención de Wachapá y de los otros miembros de la nacionalidad Shuar acusados de tentativa de asesinato contra policías en el campamento minero La Esperanza, en la comunidad de Nankints, Panantza.
“Ratificamos nuestro pedido a la Iglesia, incluso al papa Francisco, que haga la intermediación, a la sociedad civil y a otras organizaciones internacionales”, dijo Herrera sobre el conflicto minero en la provincia amazónica.
En una rueda de prensa, el representante de la Conaie aseguró que han tenido acercamientos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Iglesia Católica y otras entidades de derechos humanos en el Ecuador y a nivel internacional, pero que ante la “falta de voluntad del Gobierno” continuarán con los procesos de resistencia, bajo una “agenda política de propuestas claras”.
Katy Betacourt, dirigente de mujeres de la Conaie, informó que hasta antes del incidente del pueblo de Sarayaku había ya la autorización para que una misión de la ONU ingrese a la provincia de Morona Santiago, pero que esta fue negada después de los enfrentamientos en el campamento minero.
Ahora la organización indígena espera una respuesta al comunicado enviado al arzobispo de Quito, monseñor Fausto Trávez, y al papa Francisco. Y piden conocer el estado de salud y el proceso judicial de los seis detenidos que se encuentran en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en Cotopaxi. “Llamamos al presidente Correa a recomponer la cordura, la coherencia, a desmilitarizar y quitar el estado de excepción”, enfatizó Betancourt.
Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, pidió a la Asamblea Nacional y en especial a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social investigar los términos de los contratos del Estado con empresas extranjeras. Además, instó a resolver el conflicto a través del diálogo.
El martes 13 de diciembre, el Primer Mandatario declaró estado de excepción en Morona Santiago por los enfrentamientos entre los nativos y la Fuerza Pública, en el campamento minero de la empresa china ExplorCobres. Durante los 30 días que rige la medida, los derechos constitucionales como la libertad de expresión, asociación y tránsito son suspendidos.