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Las adquisiciones se justificaron con proformas caras

la fiscal Diana Salazar anunció que la Fuerza de Tarea tendrá como objetivo unificar procesos de investigación y “no dejar en la impunidad” ninguna causa.

la fiscal Diana Salazar anunció que la Fuerza de Tarea tendrá como objetivo unificar procesos de investigación y “no dejar en la impunidad” ninguna causa.

La fiscal Diana Salazar anunció que la Fuerza de Tarea tendrá como objetivo unificar procesos de investigación y “no dejar en la impunidad” ninguna causa. Foto: Twitter / Fiscalía

Las investigaciones penales arrojan más detalles en torno a los presuntos casos de corrupción perpetrados en los hospitales del Guayas, Los Ríos, Pichincha, Bolívar, Manabí, Chimborazo, etc.

¿Cómo se consumaba el delito? Los agentes apuntan aque los precios elevados de las mascarillas, termómetros, trajes de bioseguridad, bolsas para cadáveres o pruebas para covid-19 se justificaron con estudios de mercados en los que se recogían las proformas más caras.

Esta alerta también la lanzó Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)-Guayas. “Detectamos procesos similares en las casas de salud. Por ejemplo, identificamos a proveedores que se repiten en casi todas las contrataciones. Presentan proformas de productos a costos elevados y, claro, la entidad elige supuestamente la más barata. Pero en la práctica los insumos siguen siendo hasta 100 veces más costosos”.

Eso ocurrió en la compra de bolsas para cadáveres. En los centros asistenciales de Guayaquil, Manta, Guaranda e Ibarra se elaboraron estudios de costos a partir de proformas que fueron solicitadas a los proveedores.

Sus ofertas iban desde USD 70 a 160 por cada funda. Sin embargo, en el Hospital Baca Ortiz de Quito se adquirió el mismo producto en USD 14. Lo mismo sucedió con la compra de mascarillas en casas de salud de Quevedo, Ambato, Manta e Ibarra.

Los vendedores presentaron proformas desde USD 4,50 hasta 9 cada una. Otros hospitales consiguieron el mismo producto en USD 1,30.

La Fiscalía ha abierto 45 investigaciones por estos hechos, y desde ayer trazó un plan para volver a cada expediente una prioridad. Por eso creó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria. Se trata de un equipo conformado por 40 personas, entre fiscales y expertos en contratación pública y finanzas.

Ayer, la fiscal Diana Salazar anunció que la Fuerza de Tarea tendrá como objetivo unificar procesos de investigación y “no dejar en la impunidad” ninguna causa.

Según la Fiscal, hasta el momento los agentes han encontrado indicios de tráfico de influencias, pecu­lado, cohecho, concusión, alteración de evidencias e incumplimiento de decisiones legítimas en hospitales, GAD municipales y otras insti­tuciones públicas.

La mayoría de indagaciones está relacionada con la compra de insumos médicos, kits de alimentos y pruebas para detección de covid-19. Solo en 18 de estos entes investigados se han ejecutado 135 adquisiciones por USD 28,2 millones.

Los contratos se encuentran publicados en la plataforma del Servicio de Contratación Pública (Sercop) y “así aparenta su legalidad”, señaló Ricardo Ramírez.

Otro hallazgo es que las empresas beneficiadas no registraban actividades comerciales antes de la emergencia sanitaria, pues no presentan pagos de impuestos y el giro de negocio no tenía nada que ver con salud.

Ayer, la Prefectura de Pichincha se unió a la lista de entidades indagadas.
Según el fiscal provincial, Alberto Santillán, el caso se abrió por un supuesto pecu­lado en la compra de 400 bolsas para fallecidos a USD 52 cada una. Además, la entidad también adquirió 10 000 pruebas rápidas a un proveedor que supuestamente fue inhabilitado por el Sercop.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se refirió a este hecho a través de sus redes sociales. “Mientras alistamos la automatización del peaje, la Fiscalía, guiada por una denuncia falsa de Twitter, abre un proceso de investigación por peculado. Así es la infame persecución que sufrimos todos los días…”.

Con la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, todos los casos penales serán analizados desde Quito por fiscales de las unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y de Antilavado, quienes liderarán esta nueva unidad judicial.

“Ellos estarán activos hasta que los casos hayan llegado a sentencia, si es que se encuentran elementos suficientes de los delitos”, dijo la fiscal Salazar. A este grupo se sumará un equipo policial, con agentes que están entrenados en las áreas de Inteligencia, lavado, delincuencia organizada, etc.

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