Muchos lectores pensarán que estoy obsesionado con el tema de seguridad ciudadana, pero lo estoy. El miércoles pasado me dirigía a almorzar a mi casa en la ciudadela Urdesa de Guayaquil, cuando observé a un hombre muerto, acribillado a un lado de la calle; policías, familiares y curiosos conversaban mientras agentes dirigían el tránsito. Pregunté más adelante, un hombre salió de la casa y dos peatones, seguramente sicarios, le dispararon a mansalva y huyeron en un vehículo que los esperaba a la vuelta de la esquina. La violencia, que antes se veía en la crónica roja, está al pie de la esquina, aun en el tradicional barrio en que vivo.
La inseguridad en Guayaquil y otras ciudades llega a niveles intolerables, asaltos en casas y locales comerciales son frecuentes, si uno se embarca en cualquier taxi o maneja con descuido corre un alto riesgo del secuestro exprés, sin embargo, la Policía dice que no han aumentado los crímenes, sino en el caso de homicidios. Estadísticas erradas, porque mucha gente, cuando no hay muertos ni heridos, prefiere no denunciar por miedo a represalias de los avezados victimarios.
Cuando en anteriores ocasiones, debido a crisis económicas y aumento de desempleo, se produjeron auges delincuenciales que fueron quizá tan graves como el actual, se establecieron comités de seguridad ciudadana para controlarlos. A mí, como gobernador del Guayas, me tocó presidir uno hace una década.
Estaba conformado con representantes de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Se coordinaba patrullajes conjuntos en toda la provincia, especialmente en los sectores más vulnerables, a pesar de que eran épocas de grandes falencias económicas, pues el precio del barril de petróleo apenas superaba los USD 10, se conseguían los recursos; se coordinaba con la Corte Superior de Justicia para evitar que salgan libres criminales por pasar más de un año sin sentencia; con dificultad se buscaba cubrir las deficiencias del sistema penitenciario. Estos esfuerzos conjuntos ayudaron a combatir el aumento desmesurado del hampa, porque la inseguridad ciudadana solo puede ocasionar el círculo vicioso de más desempleo y más delincuencia.
Creo que, en vez de estar pensando en comités de defensa de la revolución, el Gobierno debería organizar comités, en coordinación con gobiernos locales y provinciales, que tomen medidas para promover la seguridad ciudadana. Debería también aplicar acciones que permita aumentar las actividades productivas, agrícolas, industriales, comerciales y de servicio, para generar miles de plazas de trabajo y evitar que desesperados ciudadanos engrosen las bandas delincuenciales.