13 de octubre de 2018 00:14

Colombia identificó a 14 personas por plagio del equipo de prensa

En la gráfica aparece uno de los controles militares antes de llegar a la población de Mataje. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En la gráfica aparece uno de los controles militares antes de llegar a la población de Mataje. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

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La Fiscalía de Colombia identificó a los principales implicados en el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Hoy, 13 de octubre, seis meses después del anuncio del presidente Lenín Moreno en que se confirmó el crimen, la investigación tiene avances en el vecino país. En el Ecuador, la Fiscalía lleva el caso en forma reservada. No hay detenidos ni órdenes de captura para los sospechosos.

Según Xavier Andrade, abogado de las familias, no hay una teoría del caso. “Lo hemos notado en los cuestionamientos que nos hacen cuando pedimos alguna versión o una pericia. Nos preguntan ‘para qué quieren eso’, pues creen que no tiene nada que ver con el caso”.

Un carro militar pasa frente a una casa de dos pisos, que según soldados pertenece a la madre de alias ‘Guacho’. El sitio está abandonado. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

En Colombia se formó un equipo de investigación. Los agentes trazaron una línea de tiempo, identificaron a los posibles responsables. Encabezando la lista está alias ‘Guacho’, líder del grupo armado Óliver Sinisterra, quien habría ordenado el secuestro y la muerte del equipo de prensa.

En las investigaciones se determinó que este ecuatoriano, nacido en Limones, Esmeraldas, también usaba otra identidad. Se hacía llamar Luis Alfredo Pai Jiménez, nacido en Tumaco, Nariño, en 1989. Incluso se rastreó su cédula con este nombre.

Colombia ya identificó a 14 personas por plagio del equipo de prensa

Los agentes colombianos rescataron e identificaron los cuerpos tras hallarlos en el poblado los Cocos. Hay tres testigos protegidos, detenidos, informantes; se lograron seis nuevas órdenes de captura para otros implicados. En los próximos días se imputarán cargos a tres personas que habrían participado en el hecho.

Para las órdenes de detención, los agentes tuvieron que identificar con nombre, apellido y número de cédulas a los sospechosos, de quienes solo sabían sus alias.

Alías ‘Barbas’, por ejemplo, participó en la grabación del video que constituyó la prueba de vida. Según versiones, este se realizó en una casa abandonada en un poblado colombiano llamado Azúcar, en Tumaco.

Macri fue señalado como uno de los tiradores que asesinó a los periodistas y al conductor. Alias ‘Alida’ y alias ‘Pitufo’ estuvieron a cargo del cautiverio y de trasladar a los tres ecuatorianos de un lado a otro.

Colombia tiene un 80% de avance en el caso. En Ecuador es como si el caso se hubiera estancado. Desde hace dos meses lo único que se ha hecho es tomar versiones”, agrega Andrade.

El Código Integral Penal (art. 585) señala que en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, la investigación reservada durará hasta un año. Mientras que en las infracciones sancionadas con cárcel de más de cinco años, la fase de indagación durará hasta dos años. La investigación por el secuestro se enmarca en esta última figura.

En Quito, la Fiscalía de Delincuencia Organizada maneja el caso como un secuestro y hasta el momento ha recopilado alrededor de 1 100 hojas, la mayoría de versiones y oficios.

Este es un segundo control hacia Mataje. En este punto operan policías élite y militares. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Este es un segundo control hacia Mataje. En este punto operan policías élite y militares. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

La Fiscalía aún no ha respondido el pedido que hiciera en julio el equipo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proporcionar una copia de todo el expediente.

Las evidencias que obtuvo la institución fueron la camioneta del equipo, que fue rescatada de Mataje. Además, un teléfono y una computadora que llevó Rivas para editar las fotos que tomaría en ese viaje.

“Lo que más me preocupa es que se siga manteniendo como un secuestro, como un delito de delincuencia ordinaria, y no como lo que es: un delito dentro de un conflicto armado y transnacional”.

Para Andrade, a estas alturas el Estado debería tener una política criminal y haber elaborado protocolos sobre cómo investigar y manejar este tipo de casos.

Para las familias, hay preguntas sin ser respondidas. “¿Quiénes manejaron el caso? ¿Quién tenía el canal de comunicación con alias ‘Guacho’, quien habría ordenado el plagio y asesinato?”.

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