Redacción Judicial
La Cancillería de Colombia dice que presentará pruebas que vinculan a ciudadanos ecuatorianos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un comunicado oficial, que emitió ayer, asegura que los documentos se entregarán en los próximos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Serán parte de los alegatos de apelación de Colombia en el proceso de demanda que Ecuador sigue por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla.
Él falleció en el bombardeo al campamento de las FARC, en Angostura, del 1 de marzo de 2008. La Procuraduría ecuatoriana reclama porque el deceso se dio en manos de las Fuerzas Armadas del vecino país. Y en un operativo que se realizó fuera de su territorio.
“El Estado de Colombia tuvo control efectivo sobre las áreas del territorio de Ecuador, durante el desarrollo del operativo militar (denominado Fénix), que se extendió desde las 00:00 hasta las 11:00 del 1 de marzo de 2008”, dice en el documento de demanda de Ecuador.
“En el presente caso se ha demostrado el retardo injustificado de las autoridades colombianas, que no iniciaron las investigaciones y acciones judiciales que correspondían en virtud de la comisión de un delito”.
Además, que el artículo 4 (1) de la Convención Americana estipula que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”. En base a ello, la Procuraduría solicitó una investigación para sancionar a los responsables de la muerte del cerrajero. También para que se indemnice a la familia de Aisalla, como principal afectada del hecho.
Colombia, de su lado, dijo ayer que Aisalla murió como consecuencia de la onda explosiva durante el bombardeo en Angostura y no directamente en manos de los uniformados. Ocurrió cuando estaba en el “campamento del terrorista de las FARC alias Raúl Reyes”.
Lo que demuestra, según la Cancillería, que Franklin Aisalla hacía parte de “un grupo criminal al servicio de las FARC. Los guerrilleros usan territorio ecuatoriano para preparar ataques terroristas contra la población civil de Colombia y evadir a las autoridades de nuestro país”.
Pese a ello, Ecuador insiste en que se violó la soberanía y que Colombia tiene que pedir disculpas al Estado y a la familia de Aisalla. Solo así, se establece en la demanda, “se podrá poner fin o disuadir cualquier amenaza del derecho a la vida por parte de los agentes estatales”.